ICE utiliza contratos sin licitación en beneficio de grandes firmas para camas de detención

LEAVENWORTH, Kansas, EE.UU. (AP) — Leavenworth, Kansas, ha sido parte fundamental en la historia del crimen estadounidense, conocido por su prisión federal donde cumplieron condena gánsteres como Al Capone y Machine Gun Kelly. Este lugar emblemático, apodado “la casa grande”, se prepara para albergar, bajo la administración del presidente Donald Trump, a migrantes que se encuentran en riesgo de deportación masiva.

Recientemente, el gobierno federal suscribió un acuerdo con CoreCivic Corp., una firma del sector penitenciario, para reabrir una prisión de 1.033 camas en Leavenworth, como parte de una estrategia creciente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que ha evitado abrir el proceso a ofertas competitivas.

Para ello, el ICE argumentó una “urgencia apremiante” en la necesidad de más camas de detención, lo que ha impulsado los ingresos de empresas privadas con vínculos políticos, como CoreCivic, radicada en Nashville, y The Geo Group Inc., ubicada en el sur de Florida.

La ciudad de Leavenworth ha demandado a CoreCivic por intentar reabrir sin autorización de las autoridades locales, citando el análisis de una juez federal que describió la antigua prisión como “un infierno”. Este caso refleja las tácticas agresivas de la administración Trump para avanzar con la expulsión de migrantes.

Para aumentar el número de camas de detención, el gobierno de Trump ha revisado acuerdos previos con contratistas y ha recurrido a contratos sin licitación. Uno de estos acuerdos implica un pago de 73 millones de dólares a una empresa dirigida por exfuncionarios fiscales, destinada a apoyar las tareas de cumplimiento de la ley, facilitando procesos administrativos, coordinando expulsiones, gestionando quejas y evaluando riesgos de seguridad.

La semana pasada, Geo Group reveló que el ICE había modificado un contrato para que la compañía reabriera una prisión desactivada en Georgia, expandiendo su capacidad a 1.868 migrantes y generando 66 millones de dólares en ingresos anuales.

Damon Hininger, CEO de CoreCivic, declaró que nunca han tenido tanto interés y demanda por sus servicios como en la actualidad, durante una reciente llamada a accionistas.

Una reciente propuesta de recorte impositivo aprobada por la Cámara asignó 45.000 millones de dólares durante cuatro años para la detención de inmigrantes, lo que representa un aumento significativo en comparación con el gasto actual. El Senado está en proceso de evaluar esta legislación.

Emergencia para acelerar contratos

Con el inicio de su segundo mandato, el gobierno de Trump ha indicado la necesidad de más de 100.000 camas de detención, superando las 41.000 actuales, con la posibilidad de llegar a 150.000. Por ello, el ICE declaró una emergencia en la frontera como justificación para eludir la competencia en la contratación de 10.312 camas en nueve contratos a cinco años.

Los convenios no fueron publicados pero se conoció que involucraban a tres instalaciones específicas, incluyendo la de Leavenworth. Las autoridades afirmaron que el uso de “cartas de acuerdo” permite agilizar trámites en situaciones críticas, algo que ha sido cuestionado por expertos.

Expertos en derecho como Charles Tiefer consideran que este tipo de contratos están destinados a asuntos menores y no son adecuados para los cambios significativos que el ICE está implementando en los acuerdos de detención.

Leavenworth como objetivo prioritario

La ubicación de la prisión en Leavenworth ha resaltado su importancia estratégica para el ICE, situándose a 10 millas del Aeropuerto Internacional de Kansas City. Las cárceles históricamente han jugado un papel fundamental en la economía local, proporcionando empleo a cientos de personas. Sin embargo, la comunidad ha manifestado preocupaciones sobre la reactivación de esta instalación.

A pesar de que la política local suele ser favorable a Trump, los funcionarios han abogado por que CoreCivic obtenga un permiso especial para operar, señalando numerosos problemas de seguridad y condiciones inadecuadas en el pasado. La ciudad presentó una demanda para forzar la obtención de dicho permiso.

La instalaciones anteriores de CoreCivic enfrentaron críticas por abusos y hacinamiento, con informes de incidentes graves antes de que Biden limitara el uso de prisiones privadas. A meses de cerrar, se denunciaron múltiples casos de violencia y violaciones de derechos humanos.

Los esfuerzos por reabrir cárceles cerradas, incluido el recinto de Newark y un centro en Texas, se han intensificado, a medida que el ICE busca satisfacer la demanda de detención. Mientras CoreCivic y Geo Group se preparan para reaperturas, el incremento en sus acciones refleja las expectativas de beneficios multimillonarios.

Ambas compañías han comenzado negociaciones con el gobierno tras el triunfo de Trump en las elecciones, anticipando la activación de todas sus instalaciones inactivas. El ICE ha hecho afirmaciones audaces sobre el uso de contratos, una estrategia criticada por expertos como riesgosas y potencialmente lesivas a los derechos de los detenidos.

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