Grupos ambientales exigen el cierre del polémico centro de detención en Florida

ORLANDO, Florida, EE.UU. — Activistas ambientales solicitaron el martes a un tribunal federal que levante la suspensión de una orden que exigía el cierre de un centro de detención de inmigrantes ubicado en el corazón de los Everglades, apodado el "Alcatraz de los caimanes".

La instalación permanece en funcionamiento y sigue albergando detenidos, ya que a principios de septiembre el tribunal de apelaciones, basándose en argumentos presentados por el estado de Florida y el gobierno del expresidente Donald Trump, dictó que el estado aún no había solicitado reembolsos federales, por lo que no estaba obligado a cumplir con la legislación ambiental federal. Este centro fue inaugurado el verano pasado como parte de la estrategia de Trump contra la inmigración.

Durante la audiencia en Miami, los jueces de apelación centraron sus preguntas en el control que el gobierno federal tenía sobre la instalación construida por el estado y en las condiciones que requerirían una revisión ambiental para cumplir con la normativa federal. Sin embargo, no se indicó cuándo se tomaría una decisión al respecto.

El abogado del Departamento de Gestión de Emergencias de Florida, Jesse Panuccio, argumentó ante los jueces que tanto el financiamiento como el control federales son criterios para determinar la aplicación de la ley ambiental. Según él, las agencias federales no ejercen control sobre este centro de detención, que es administrado por el estado.

A finales de septiembre, FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) notificó a Florida sobre la aprobación de 608 millones de dólares en financiamiento federal para la construcción y operación del centro. Panuccio afirmó: "Ambos son necesarios. Aun con financiamiento, no creo que eso se aplique porque no tienen control federal".

Por su parte, el abogado de los grupos ambientalistas, Paul Schwiep, afirmó que la ley que exige una revisión ambiental es aplicable al centro, ya que el Departamento de Seguridad Nacional había autorizado el financiamiento, y la inmigración es una responsabilidad federal, no estatal. "La inmigración es constitucionalmente una función federal", subrayó.

En agosto, un juez federal de distrito en Miami había ordenado que la instalación redujera sus operaciones durante dos meses debido a la falta de una revisión de impacto ambiental conforme a la ley federal. Esa decisión fue suspendida tras la apelación del estado.

La demanda ambiental es solo una de las tres impugnaciones presentadas en tribunales federales contra el centro desde su apertura. En otro caso, un detenido argumentó que las agencias de Florida y los contratistas privados no tenían autoridad para operar la instalación bajo la ley federal, aunque esa impugnación se cerró tras aceptar el inmigrante ser expulsado de Estados Unidos.

En una tercera demanda, un juez federal en Fort Myers dictó que el centro de los Everglades debía garantizar a los detenidos un acceso adecuado a sus abogados, así como permitir llamadas legales salientes confidenciales y sin supervisión.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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