Fallo judicial permite usar cupones de alimentos para comprar golosinas en EE.UU.

Una jueza ha determinado que el gobierno federal no tiene la autoridad para prohibir que los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) sean utilizados para adquirir caramelos, refrescos y otras bebidas azucaradas.

Este fallo frena las restricciones que estaban en vigor o previstas en 23 estados, las cuales eran parte de un esfuerzo por parte de la administración del expresidente Donald Trump para mejorar la salud pública. Hasta el momento, no se ha informado si el gobierno apelará la decisión.

La magistrada Amy Berman Jackson, quien fue nominada por el expresidente Barack Obama, explicó que la razón del fallo radica en que el gobierno no se adhirió a su propia definición de "alimento". La jueza aclaró que su decisión no implica un juicio sobre la conveniencia de las restricciones, sino sobre su legalidad.

Jackson indicó que los estados y el gobierno federal pueden tener un interés legítimo en promover la salud de los beneficiarios de SNAP, pero deben operar dentro del marco legal. "No pueden violar la ley y sus propias regulaciones al mismo tiempo", enfatizó.

Las restricciones forman parte de la campaña Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable

Los funcionarios del gobierno, como la secretaria de Agricultura Brooke Rollins y el secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr., han instado a los estados a limitar qué productos pueden adquirirse con la ayuda alimentaria como parte de la campaña "Make America Healthy Again". Argumentan que los refrescos y golosinas contribuyen a problemas de salud como la obesidad y diabetes, y que restringir su compra podría fomentar elecciones alimentarias más saludables.

Hasta ahora, el Departamento de Agricultura ha autorizado a 23 estados a implementar restricciones, algunas de las cuales ya están en vigor, mientras que otras se espera que entren en funcionamiento en el futuro.

Un estado, Colorado, decidió no seguir adelante con la prohibición tras recibir comentarios de beneficiarios de SNAP que expresaron preocupaciones sobre el estigma que podrían enfrentar al intentar utilizar sus beneficios para comprar productos prohibidos.

En cuanto a las reglas que se pretenden aplicar, algunas variaban en su enfoque, con algunos estados buscando prohibir exclusivamente las bebidas azucaradas, mientras que otros querían incluir golosinas en la lista de artículos restringidos.

La jueza dice que el gobierno ignoró una definición de alimento

Jackson también destacó que el error principal en las restricciones propuestas radica en que contradecían la definición de "alimento" establecida por el Congreso, que permite el uso de beneficios de SNAP para "cualquier alimento o producto alimenticio para consumo en el hogar", con excepciones limitadas.

El gobierno puede hacer excepciones, pero limitar el uso de los beneficios para promover la nutrición no está contemplado como una justificación válida. A pesar de esto, algunos estados han solicitado al Departamento de Agricultura que les permita aplicar definiciones alternativas de "alimento" para justificar sus restricciones.

Puede que esta no sea la última palabra

Rollins ha manifestado en redes sociales que el gobierno "seguirá luchando para hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable", aunque no ha confirmado si se presentará una apelación. En sus declaraciones, se refirió a la jueza como "activista" y aseguró que su decisión bloquea una medida de sentido común para restringir el uso de los beneficios de SNAP para refrescos y comida chatarra.

Este caso es uno de los muchos desafíos legales a las políticas de la administración de Trump, que se centra en si el gobierno puede modificar políticas sin la aprobación del Congreso. Aunque SNAP beneficia a casi 39 millones de estadounidenses, el programa ha mantenido un perfil bajo, aunque ha cobrado relevancia desde que Trump asumió el cargo nuevamente.

La administración ha impuesto nuevos requisitos de trabajo para más beneficiarios y ha exigido a los estados que asuman una mayor parte de los costos administrativos, lo que podría llevar a complicaciones adicionales para el programa.

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