Cuarenta años después, 36 mujeres indígenas de Guatemala claman por justicia

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Han transcurrido más de cuatro décadas desde que 36 mujeres indígenas sufrieron abusos sexuales en su comunidad durante la guerra que asoló Guatemala durante 36 años, y aún retienen vívidas las memorias de la violencia perpetrada por parte de militares y expatrulleros. El viernes, la lucha por justicia iniciada por estas mujeres, donde fueron acompañadas por tres abogadas indígenas, podría culminar en una nueva sentencia.

El proceso de las mujeres mayas Achí se inició en 2011 cuando 36 de ellas, provenientes del municipio de Rabinal, en Baja Verapaz, decidieron denunciar los abusos que habían sufrido. Durante el periodo entre 1981 y 1985, estas mujeres fueron víctimas de detenciones ilegales y violaciones por parte de soldados y expatrulleros civiles.

En 2022, cinco expatrulleros, ya condenados a 30 años de prisión, fueron sentenciados por la violación de estas 36 mujeres. Con la próxima sentencia que se conocerá el viernes, se espera un nuevo fallo contra otros tres individuos acusados de violación y delitos de lesa humanidad.

Un proceso judicial prolongado

Ningún militar ha sido procesado por estos crímenes, que tuvieron lugar durante el contexto del conflicto armado interno en Guatemala. En 1999, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de la ONU documentó 1,465 casos de violaciones sexuales en el marco de la guerra, donde el 89% de las víctimas eran mujeres mayas y el 35% eran menores de edad.

De las 36 denunciantes de la comunidad Achí, siete han fallecido desde que se presentó la denuncia. Recientemente, seis de las víctimas testificaron durante el juicio, aunque tres de ellas lo hicieron como prueba anticipada. La más joven tenía solo 19 años en el momento de los hechos.

Paulina Ixpatá, quien ahora posee 63 años, compartió ante el tribunal su desgarradora experiencia cuando tenía 21. "Me sacaron de casa a la noche, me sumergieron la cabeza en un tanque de agua para hacerme preguntas. Si yo no respondía, me volvían a ahogar...", relató. Agregó que sufrió una violación por parte de los soldados en un destacamento militar, lo que le dejó secuelas físicas y emocionales significativas.

La violencia como herramienta de control

Las investigaciones sobre la violencia de la guerra revelan que las mujeres fueron utilizadas como armas para desmantelar el apoyo a los guerrilleros. La antropóloga Aura Cumes, que declaró durante el juicio, destacó que la violencia sexual se empleó de manera sistemática y planificada: "Los efectos de estos actos fueron devastadores, generando desconfianza y destruyendo las relaciones sociales en las comunidades".

Uno de los acusados, Pedro Sánchez, negó las acusaciones en el tribunal, afirmando no conocer a las mujeres. En la comunidad de Rabinal, se registraron numerosos crímenes, incluyendo masacres y desapariciones forzadas, donde las mujeres no solo fueron víctimas de agresiones sexuales, sino que también sufrieron la pérdida de sus seres queridos.

A las denunciantes aún se les exige vivir junto a sus agresores, quienes muchos son sus vecinos. Las abogadas que las representan, Hayde Valey, Gloria Reyes y Lucía Xiloj, han trabajado incansablemente para que sus historias sean escuchadas en los tribunales. Resaltan la necesidad de un enfoque colectivo para las reparaciones, proponiendo medidas que consideren el impacto integral de la violencia sufrida por las víctimas.

El informe sobre la memoria histórica de la iglesia destaca que las mujeres han enfrentado secuelas duras tras el conflicto, convirtiéndose en supervivientes de una tragedia que sigue presente. A pesar de los desafíos, las abogadas y las mujeres valientes que han denunciado su sufrimiento son un símbolo de resistencia y un llamado a la justicia.

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