Corte Suprema ratifica prisión a Cristina Fernández por corrupción en su gestión

BUENOS AIRES (AP) — El martes, la Corte Suprema de Argentina ratificó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para la expresidenta Cristina Fernández, debido a irregularidades de corrupción, lo que la aproxima a un posible arresto. La resolución fue firmada por los tres jueces del máximo tribunal, quienes decidieron rechazar el recurso de queja presentado por Fernández, que ocupó la presidencia entre 2007 y 2015, buscando una revisión de la sentencia impuesta en 2022 por un tribunal federal.

El fallo que se reafirmó involucró el delito de administración fraudulenta, lo que implica que la expresidenta ya no podrá participar en las elecciones legislativas programadas para septiembre, en las que aspiraba a una banca en la legislatura de la provincia de Buenos Aires.

Ahora, el tribunal que emitió la condena en 2022 debe proceder con el arresto de Fernández, quien se ha declarado víctima de una persecución judicial impulsada por sectores opositores. Su defensa tiene previsto solicitar la prisión domiciliaria, dado que la ley permite esta opción para condenados mayores de 70 años.

La exvicepresidenta, condenada en 2022 por orquestar un fraude millonario mientras estuvo en la presidencia, se encuentra en el centro de un escándalo que involucra la asignación irregular de fondos estatales a empresas vinculadas a aliados políticos.

Desde que se conoció la ratificación de la condena, centenares de militantes peronistas se han movilizado en apoyo a Fernández, manifestando su descontento con la decisión judicial. Grupos de apoyo han cortado caminos de acceso a la ciudad y sindicatos afines han anticipado posibles huelgas y movilizaciones.

Fernández advirtió que, aunque resulte encarcelada, el peronismo se mantendrá firme y cuestionó las políticas del presidente Javier Milei, argumentando que la situación del país seguiría empeorando con su gobierno. Anunció que su equipo legal llevará el caso a organismos internacionales de derechos humanos, alegando que está siendo juzgada sin fundamentos probatorios y de manera injusta.

El caso judicial inició en 2016 y la acusación sostiene que, durante su mandato y el de su difunto esposo, Néstor Kirchner, se llevaron a cabo irregularidades en 51 licitaciones de obras viales en Santa Cruz, donde se calculan pérdidas al Estado de unos 85.000 millones de pesos, equivalente a más de 70 millones de dólares.

Las obras fueron adjudicadas a empresas relacionadas con Lázaro Báez, un constructor condenado, con un sobreprecio que superaba el 20%. La defensa de Fernández ha cuestionado la legalidad del proceso, afirmando que muchas pruebas fueron admitidas fuera de los plazos permitidos, pero esta apelación fue desestimada. Además, la exmandataria se enfrenta a otros procesos judiciales que incluyen acusaciones de asociación ilícita y lavado de activos.

Su futuro judicial se complica con juicios ante lo que se considera una red de corrupción ligada a la obra pública y otros delitos, incluyendo un acuerdo de entendimiento con Irán. Se prevé que las implicancias políticas de su condena continúen afectando el escenario electoral en Argentina y la relación entre el gobierno y la oposición.

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