Corte de apelaciones de EE.UU. anula decisión que eliminaba protecciones a venezolanos

Un tribunal federal de apelaciones determinó el miércoles por la noche que la Casa Blanca actuó de manera ilegal al cancelar las protecciones legales que permitían a cientos de miles de venezolanos residir y trabajar en Estados Unidos. El panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. confirmó un fallo previo que señalaba que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había excedido su autoridad al finalizar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos.

Sin embargo, la decisión no tendrá efectos inmediatos, ya que en octubre pasado, la Corte Suprema de EE.UU. permitió que la decisión de Noem se implementara mientras se espera su resolución final. A pesar de esto, se espera que un juez federal en Washington se pronuncie pronto sobre una solicitud para suspender la eliminación del TPS para los haitianos, cuyas protecciones están programadas para finalizar el 3 de febrero.

Los jueces del Noveno Circuito también confirmaron que Noem había superado su autoridad al intentar terminar anticipadamente las protecciones para cientos de miles de migrantes haitianos. En su fallo, los magistrados Kim Wardlaw, Salvador Mendoza, Jr. y Anthony Johnstone indicaron que la legislación de TPS, aprobada por el Congreso, no otorga al secretario la facultad de anular una designación de TPS ya existente.

La jueza Wardlaw, designada por el expresidente Bill Clinton, destacó que la ley incluye múltiples salvaguardas que garantizan que los beneficiarios del TPS disfruten de estabilidad durante períodos de condiciones extraordinarias en su país de origen. Según Wardlaw, las decisiones ilegales de Noem han tenido repercusiones significativas para los venezolanos y haitianos que dependen de este estatus.

El TPS, creado por el Congreso en 1990, permite al secretario de Seguridad Nacional otorgar estatus migratorio a personas que huyen de conflictos, desastres ambientales u otras situaciones temporales que dificultan su regreso a su país. Este estatus protege a los beneficiarios de la deportación y les permite trabajar, aunque no les concede la posibilidad de obtener la ciudadanía.

Las protecciones se otorgan por períodos de seis, 12 o 18 meses y pueden renovarse mientras las condiciones en el país de origen continúen siendo críticas. Al finalizar las protecciones, Noem argumentó que la situación en Haití y Venezuela había mejorado y que no era del interés nacional permitir que migrantes de esos países continuaran en EE.UU.

Millones de venezolanos han abandonado su país debido a la inestabilidad política, el desempleo y el hambre, en medio de una crisis prolongada marcada por hiperinflación y corrupción. Haití, por su parte, fue incluido en el TPS en 2010 tras un devastador terremoto que dejó a muchos sin hogar y actualmente enfrenta hambre y violencia de pandillas.

Por su parte, Mendoza afirmó que hay evidencia de discriminación racial y nacional en las decisiones de Noem, indicando que sus acciones estaban fundamentadas en estereotipos negativos sobre los migrantes de Venezuela y Haití. Los abogados del gobierno, sin embargo, sostuvieron que la secretaria tiene la autoridad para tomar decisiones sobre el TPS y que estas no están sujetas a revisión judicial.

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