ART: a hacer juicio que se acaba el mundo

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Por Adrián Simioni

La Argentina parece haber descubierto, de golpe, una epidemia nueva. No figura en los partes epidemiológicos ni en los comunicados de los ministerios de Salud, pero está ahí, contundente en las estadísticas judiciales: una explosión de afecciones visuales laborales. En el primer trimestre del año pasado, las demandas contra las ART por este motivo crecieron 84%. Casi el doble. De un año para el otro. Milagro médico o negocio redondo.

Porque, seamos serios: o de pronto medio país se está quedando ciego por culpa del trabajo, o alguien encontró una beta fenomenal para seguir alimentando la industria del juicio. Y todo indica que es lo segundo. No hay alertas sanitarias, no hay estudios que hablen de una catástrofe visual vinculada al empleo, pero sí hay abogados, peritos y certificados médicos circulando a una velocidad llamativa.

Los números, además, no cierran por ningún lado. Mendoza registra 1.650 juicios laborales, Córdoba —con el doble de habitantes— 1.500. Santa Fe, con una estructura productiva y demográfica similar a Córdoba, 3.600. Más del doble. Es arbitrario por donde se lo mire.

En todo el país, durante el año pasado, se iniciaron 134.000 demandas laborales. Récord absoluto. Y esto ocurre mientras el empleo en blanco no crece: al contrario, se redujo levemente. Menos trabajadores registrados, pero más juicios. Un 12% más que el año anterior. Una locura delirante.

Lo más paradójico es que el propio sistema de ART está diseñado para reducir accidentes y enfermedades laborales. Si una empresa mejora sus condiciones de trabajo, baja su siniestralidad y, con eso, paga menos alícuota. El incentivo es claro. Y los resultados también: desde 1996 hasta 2024, los siniestros laborales cayeron 42%. Hay más prevención, menos accidentes. Pero, al mismo tiempo, cada vez más juicios. Algo está claramente roto.

El problema no es menor. En un país que intenta desesperadamente bajar los costos laborales para formalizar empleo, este esquema se vuelve directamente perverso. Todo indica que hay una carrera contra el tiempo: meter la mayor cantidad de juicios posible antes de que avance una reforma laboral que le ponga algún freno a este desmanejo.

Las ART advierten que, si esta tendencia sigue, el costo del seguro va a explotar. Hoy las empresas pagan alrededor del 2,8% de la masa salarial. Ya es mucho. Pero con este nivel de litigiosidad, ese costo podría subir hasta un 80%, superando el 5%. Un delirio. Para tener una referencia: se destina casi el mismo porcentaje a las obras sociales. Es decir, lo mismo que se paga para cuidar la salud real de los trabajadores y sus familias, se termina pagando para sostener juicios, exageraciones y, en muchos casos, simulaciones de enfermedades laborales.

¿En qué se sostiene esta industria? En varios pilares bien conocidos. Provincias sin sistemas claros de baremos ni juntas médicas, donde cualquier certificado sirve. Peritos que cobran en función del resultado del juicio, con un incentivo directo a inflar daños. Falta de criterios unificados sobre intereses en el fuero laboral. Y un sistema judicial completamente desbalanceado, que da luz verde automática a la litigiosidad.

Así se arma el combo perfecto. Certificados fáciles, honorarios atados al monto del fallo y un fuero que juega siempre para el mismo lado. El resultado es este: demandas que crecen sin relación alguna con la realidad productiva, sanitaria o laboral.

Porque, si no, alguien tendría que explicar cómo las afecciones visuales aumentan 84% en un año. O por qué en Santa Fe hay más del doble de juicios que en Córdoba. O por qué bajan los accidentes pero suben las demandas.

Todo señala al mismo lugar. La industria del juicio está desbocada. La pregunta es simple y brutal: ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque, mientras nadie responda, el costo lo siguen pagando el empleo, las empresas y, al final del día, los propios trabajadores.

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