Por qué delitos persiguen a los policías en Córdoba

Más de un policía sancionado por día. En las últimas horas, el flamante Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad divulgó su primer informe trimestral de gestión y reveló que en sólo 90 días más de 100 policías fueron sancionados. En total, hay casi 700 efectivos bajo investigación por diferentes delitos.

El dato ratifica la información exclusiva que Cadena 3 había divulgado el pasado 1º de abril: : desde que comenzó el año, hubo más de un policía sancionado por día en Córdoba. Escrito de otro modo: todos los días, al menos un policía se pasa al otro lado del mostrador. De perseguir al delito a formar parte de la actividad delictiva, según se sospecha.

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La mayoría de los uniformados son perseguidos judicialmente y administrativamente por presuntos delitos relacionados a su trabajo: violencia institucional, corrupción, mal desempeño y conflicto laboral. También es muy importante la proporción de denuncias por violencia de género, o sea, adentro del hogar, fuera del horario de servicio.

Al respecto, el exfiscal General y exfiscal federal, Gustavo Vidal Lascano, actual vocal del Tribunal de Conducta, valoró que la mayoría de las denuncias fueron realizadas por las propias fuerzas de seguridad. Y reiteró que el flamante Tribunal no tiene policías como empleados, sino que es un órgano compuesto de manera exclusiva por civiles.

En ese sentido, Vidal Lascano explicó que hay sanciones que van desde una cesantía hasta la posibilidad de reparar la acción mediante alguna medida reparatoria. Todo depende de la gravedad del delito.

El informe

El 28 de diciembre de 2021 entró en vigencia el nuevo sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad, que actúa en la prevención, investigación y sanción de las faltas graves y gravísimas que involucren al personal de la Policía de Córdoba, el Servicio Penitenciario de Córdoba y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), según lo establece la ley 10.731.

Desde su puesta en funcionamiento hasta el 8 de abril de 2022 (primer trimestre), la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad receptó 765 casos, de los cuales hay 616 bajo investigación, que involucran a 668 efectivos (una causa puede incluir a más de una persona). El resto de denuncias fue desestimada o bien remitida a las dependencias de las fuerzas de seguridad correspondientes, ya que las causas leves y medias no son competencia del organismo.

El Informe de Gestión del primer trimestre del año arroja, además, los siguientes datos estadísticos:

• El 91,7 por ciento de las denuncias involucra a personal de la Policía de Córdoba, el 5,9% al Servicio Penitenciario; y el 0,4 por ciento a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

• En el 25,4 por ciento de los casos ya se dictaron medidas, mientras que el 74,6 por ciento continua bajo investigación. El diseño procesal y los plazos establecidos por la Ley contempla un plazo de entre tres y 12 meses para el proceso de gestión del conflicto, de acuerdo a la complejidad del asunto. No obstante, hay causas cuya resolución definitiva puede ser menor a dichos plazos.

• El 58 por ciento de los casos corresponden a denuncias iniciadas en el interior provincial y el 42 por ciento en Capital. Cabe aclarar que uno de los factores que influye en la distribución territorial de los casos es que todos los que involucran a personal del servicio penitenciario se registran en el interior por la ubicación de los establecimientos.

• La mayoría de los casos que involucran a penitenciarios suceden en Bouwer; 32,4 por ciento en CC Nº 1 Bouwer “Reverendo Francisco Luchesse” y 5,4 por ciento en EP Nº 3 Bouwer (mujeres).

• Se dictaron 111 medidas cautelares: Pasiva (105); Suspensión sin goce de sueldo (5); Retiro de armamento sin pase a situación pasiva o suspensión (1). Es importante señalar que ya se ha ordenado el levantamiento de 14 situaciones Pasivas, lo cual implica un avance importante en las investigaciones. Cabe aclarar, que entre las medidas cautelares dispuestas predominan las que derivan de casos que involucran a denunciados por hechos de Violencia Familiar y/o de Género, respetado la prioridad dispuesta por la Ley 10.731.

• El 2,6 por ciento del personal policial ha sido investigado, mientras que en el caso del servicio penitenciario el porcentaje sobre el total es del 0,9 por ciento; y del 0,7 por ciento en la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

• En cuanto al género del personal denunciado, el 82,6 por ciento son varones y el 17,4 por ciento mujeres.

• En relación a la situación previa de los denunciados, al momento del inicio del caso, la mayoría exhibía una situación de revista normal; un 8,5 por ciento se encontraban en Tareas No Operativas (TNO); 5,6 por ciento es personal retirado; y 3,9 por ciento estaba de licencia.

• Las causas se inician en su mayoría por partes emitidos por las fuerzas de seguridad (71 por ciento); por denuncia presencial o telefónica efectuada en la sede del Organismo (17% por ciento); remitida por el Poder Judicial (9 por ciento); de Oficio (2 por ciento); o informada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

• En cuanto a las problemáticas más comunes denunciadas, la mayoría es por Violencia Familiar y/o de Género (37 por ciento); le sigue Mal desempeño (28 por ciento); Violencia Institucional (20 por ciento); Corrupción (11 por ciento); y Conflicto Laboral (3 por ciento).

• En los casos de Violencia de Género y Familiar predominan las denuncias informadas por las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial, mientras que para los casos de Violencia Institucional se inician, en la mayoría de los casos, en forma presencial o telefónica en el Organismo o por accionar de oficio del Tribunal.

• El 59,6 por ciento de las víctimas de los hechos denunciados son mujeres, mientras que el 40,4 por ciento son varones.

• Se observa una predominancia de la modalidad de Violencia Doméstica en los casos de Violencia Familiar y/o de Género (55 por ciento). No obstante, los ocurridos en el ámbito laboral suelen revestir mayor gravedad por la superposición de violencias: acoso laboral, abuso de autoridad y violencia sexual.

• Esta nueva ley amplió el recursero de medidas cautelares. A la pasiva se incorporó la posibilidad del Tribunal de retiro de arma y la suspensión con o sin goce de haberes. Esto invitó a repensar la función de la medida cautelar en el marco de los procedimientos siempre teniendo como criterio la gravedad de los hechos y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación de los involucrados.

• Se activó 53 veces el Protocolo de actuación policial para el uso legal y racional de la fuerza en la provincia de Córdoba, que reúne un conjunto de reglas obligatorias y estandarizadas que debe cumplir el personal policial, con el objetivo de brindar seguridad laboral y el resguardo de los derechos humanos de la ciudadanía.

Cómo funciona

A fines de 2020, y en medio de duras críticas opositoras, la Unicameral aprobó por mayoría los cambios en las leyes de Seguridad Pública y en la conformación del Tribunal de Conducta Policial. Se trató de una respuesta política ante la seguidilla de casos de gatillo fácil que provocaron intensas movilizaciones urbanas, sobre todo tras el asesinato de Valentino Blas Correas (17).

De esta manera, por un lado se resolvió unificar y elevar a tres años la formación para los aspirantes a policías, con una currícula ampliada de cuya confección participó el Ministerio de Educación de la Provincia. Por eso, en lo que le queda de gestión a Juan Schiaretti como gobernador ya no podrán ingresar nuevos agentes.

Y, al mismo tiempo, se dispuso una nueva integración del “Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad”, órgano hasta entonces dependía del Ejecutivo. 

El Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad está integrado por un presidente y seis vocales, que representan al Ministerio Público Fiscal; los ministerios de Seguridad, y de Justicia y Derechos Humanos; la Universidad Nacional de Córdoba; y el Poder Legislativo. Interviene en pleno en los procedimientos disciplinarios por faltas pasibles de destitución, que son remitidos por la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad, la cual funciona las 24 horas, los 365 días del año.

En los procedimientos disciplinarios por faltas pasibles de destitución el TCP podrá ordenar que la defensa y la autoridad a cargo de la investigación presenten sus alegatos en una audiencia oral y pública a la que podrá asistir la persona imputada.

Las investigaciones disciplinarias son iniciadas a partir de una denuncia, de oficio o por remisión de antecedentes de las autoridades competentes (parte policial). Las denuncias pueden ser iniciadas por cualquier ciudadano en forma personal o telefónica en el organismo (Rivera Indarte 770, ciudad de Córdoba), proporcionando información sobre un hecho que pudiera configurar una falta disciplinaria y debiendo manifestar su identidad.