La exorbitante cifra que ofrecen Saillén y Catrambone para un acuerdo judicial

El secretario general del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrios de Córdoba, Mauricio Saillén, y su socio, Pascual Catrambone, enfrentan acusaciones de asociación ilícita, defraudación y usura. En un intento de evitar un juicio, ofrecieron 750.000 dólares en reparaciones al Tribunal Oral Federal número uno, junto con otros acusados, sumando casi 900.000 dólares en total. Este acuerdo busca extinguir la acción penal en su contra.

Laura Sesma, denunciante en la causa, expresó en diálogo con Cadena 3 su sorpresa ante la posibilidad de un acuerdo de este tipo: "Me imagino que el tribunal va a rechazar esta barbaridad. Ellos ofrecen pagar una suma de dinero para que caiga la acción, para que se deje sin efecto la acción penal, con dinero que nos han robado, lisa y llanamente". 

Sesma subrayó que los delitos involucran el interés público y los fondos son evidentemente ilícitos.

La denuncia apunta a la existencia de una "connivencia política y empresarial" en el manejo del servicio de basura. Sesma indicó que "hace un poco más de 10 años, Saillén y Catrambone manejaban un camión del servicio de basura. ¿Usted cree que una persona trabajadora del servicio de una empresa que presta el servicio de basura puede ahorrar 750 mil dólares?", enfatizó.

El fiscal Maximiliano Hairabedián se opone al acuerdo y plantea la posible ilicitud de los fondos, sugiriendo que podría haber un problema de lavado de dinero. "No se sabe de dónde sale el dinero", afirmó Sesma, quien también mencionó que la investigación aún no ha concluido y que los próximos procesamientos podrían ser por lavado de dinero.

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Sobre la vinculación con funcionarios, Sesma afirmó: "No quepa ninguna duda de que esa plata es de las arcas públicas de la ciudad de Córdoba, porque tuvo que ver con la prestación del servicio de basura, porque ellos manejaban todo el negocio y evidentemente con complicidad política y empresarial. Esto fundamentalmente pasa no en el gobierno de Llaryora, si bien se alió con esta gente y no aportó ninguna prueba que podría haberlo hecho cuando asumió, se dio fundamentalmente en la gestión de Mestre", apuntó y remarcó que "se cajoneó" la denuncia contra la parte política.

"El solo hecho de que pueda existir esta posibilidad de un acuerdo de ofrecer dinero, eso es una burla a la ciudadanía", concluyó Sesma, quien enfatizó la necesidad de que la Justicia actúe con firmeza.

Entrevista de "Ahora País".