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Sociedad

Nueva legislación

Sacarán figuras religiosas en edificios públicos de Rosario

Lo aprobó el Concejo Municipal de Rosario, que instó al Gobierno provincial santafesino a retirar las imágenes. Se da en el marco del debate de la separación económica de la Iglesia y el Estado.

 
 
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El Concejo Municipal de Rosario instó al Gobierno provincial a remover imágenes religiosas en escuelas y hospitales públicos en "cumplimiento de los principios de libertad religiosa y conciencia" y “reforzando el carácter laico de la ciudad”, informaron fuentes legislativas.

El proyecto, impulsado por la concejal Celeste Lepratti (Frente Social y Popular), se sumó con su aprobación de este jueves al debate acerca de la separación Iglesia-Estado.

“El propósito del proyecto es garantizar el efectivo cumplimiento de los principios de libertad religiosa y de conciencia, así como el de certificar el carácter laico de la educación pública”, sostuvo la autora.

Lepratti indicó a Cadena 3 que queda en manos del Estado provincial habilitar la normativa y que si no se cumple "no sería la primera vez" que alguna de las áreas a las que se dirigen a través de una resolución "no lleva adelante lo resulto".

“Entendemos que la declaración del Gobierno de Santa Fe como Estado laico debería garantizar esta y otras medidas”, agregó.

La legisladora aclaró que hay excepciones que la norma no alcanzaría, que se enmarcan en los lugares donde ya existe una capilla o un oratorio porque la gente allí puede "elegir acudir o no".  

En cambio, destacó que cuando se espera para que te atiendan en el hospital, cuando la persona está internada, o en los espacios comunes, estas figuras no se deben “promover”. Apuntó que es para "garantizar la libertad".

“El proyecto es un paso de los muchos que se vienen dando para que la separación de la Iglesia y el Estado sea algo real”, subrayó.

 

La iniciativa fue aprobada por mayoría, con los votos negativos de los bloques de Cambiemos, Compromiso por Rosario y Demócrata Progresista, e insta al Gobierno provincial a remover imágenes religiosas en escuelas y hospitales públicos “o pertenecientes a la provincia de Santa Fe con jurisdicción en la ciudad de Rosario”.

El proyecto señala en los considerandos que “este año en nuestro país se renovó el debate sobre la separación Iglesia-Estado, con una campaña federal que promueve debates acerca de la necesidad de un Estado laico y el financiamiento a la Iglesia católica”.

Recuerda que la mayor parte de la legislación que obliga al Estado nacional a solventar financieramente a la Iglesia católica fue sancionada en forma de decretos-leyes durante la última dictadura.

Lepratti historiza en su proyecto los movimientos políticos que en los últimos tres siglos propusieron desde diversas miradas la separación Iglesia-Estado y el carácter laico de este último, desde el liberalismo mediante la Revolución Francesa a las corrientes marxistas y anarquistas sobre fines del siglo XIX.

Recordó que quienes “realzaron y resinificaron la bandera de la separación Iglesia-Estado por excelencia fueron los Partidos Socialistas y Laboristas occidentales” y subrayó que los primeros, “luego de los reclamos laborales, ponían como segundo punto de su agenda a la separación”.

Como puntapié para el debate sobre el asunto, que compete al Congreso de la Nación, el proyecto de la concejala rosarina compila la legislación latinoamericana que promovió el laicismo estatal.

“En Latinoamérica la situación de la laicidad ha tomado diferentes rumbos: México desde 1858 gracias a la Ley de Reforma, posee un Estado Laico”, indica, para abundar en otros ejemplos como “el de Uruguay, que en 1918 implementó la separación Iglesia-Estado dentro de su Constitución".

Y, recordó “el caso de Chile, que desde 1925 posee un Estado laico garantizado por el artículo 10 de su Constitución”.

En los últimos días, la Iglesia católica dejó trascender que renunciaría de manera gradual a los aportes económicos del Estado, que este año significaron más de 130 millones de pesos.

Una iniciativa similar fue presentada en dos ocasiones en la Cámara Baja provincial, sin llegar jamás a ser tratadas en el recinto, perdiendo su estado parlamentario

Informe de Verónica Maslup.

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