Condenaron a un hombre que compró a una mujer con discapacidad en San Juan

En la provincia de San Juan, un hombre fue condenado a nueve años de prisión por "comprar" a una mujer con discapacidad, manteniéndola en situación de servidumbre durante dos meses. La víctima, que fue obligada a vender productos en la vía pública y a tener relaciones sexuales sin su consentimiento, logró escapar en marzo de 2023.

El Tribunal Oral Federal también le ordenó a Roberto Espiro Mitar pagar una indemnización de 4 millones de pesos a la víctima. El hombre fue hallado culpable de trata de personas, explotación sexual y laboral, así como de unión forzada de hecho. Conforme a las investigaciones, en enero de 2023, Mitar adquirió a la mujer de otra familia de la comunidad gitana, desde ese momento la sometió a un régimen de control extremo y abusos.

La joven relató a la Justicia que estaba bajo vigilancia constante y que todo el dinero que generaba debía entregarlo a la familia del condenado. No tenía poder de decisión sobre su propio cuerpo ni sobre su vida. Durante el proceso judicial, se demostró que se la llevó a un médico para la extracción del chip anticonceptivo, con el objetivo de forzar su capacidad reproductiva, lo que fue considerado por la Fiscalía como una clara violación a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, en el marco de la ley 26.485 de protección integral a las mujeres.

Una vez realizada la denuncia, la familia de Mitar, con ayuda del abogado defensor, localizó a la víctima en San Luis y la llevó a una escribanía, donde logró que firmara una declaración en la que retractaba lo dicho. Este documento fue presentado ante la Justicia como prueba a favor del acusado; sin embargo, tras una nueva declaración, la joven explicó que había sido amenazada y forzada a firmar dicho escrito.

La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza dispuso la realización de una nueva declaración en Cámara Gesell, donde la joven reafirmó los abusos y confesó que la habían obligado a mentir para que el acusado pudiera recuperar su libertad. Este intento de encubrimiento generó una nueva causa penal contra los que apresaron a la víctima para presionarla.

El juez Daniel Doffo resaltó la situación de vulnerabilidad extrema que atravesaba la joven, quien no contaba con redes familiares ni apoyo estatal y presentaba un bajo nivel intelectual. El tribunal estableció que se le informara sobre cualquier beneficio penitenciario que pudiera solicitar el condenado, como salidas transitorias o libertad condicional, y ordenó brindarle el respaldo del Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID).

Por último, el fiscal Fernando Alcaraz advirtió a la defensa por su "falta de perspectiva de género" y por el uso de estereotipos para deslegitimar las declaraciones de la víctima. El juez coincidió con este planteo, destacando que esas actitudes sólo agudizaron el contexto de violencia durante el proceso judicial.

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