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Habilitaciones truchas en Córdoba: imputan a empresarios por coimas a Bomberos

El fiscal Guillermo González imputa a Darío y Natalia Brasca, dueños de los supermercados Cordiez y Mercamax, por sobornos y documentos falsos.

28/11/2024 | 06:48Redacción Cadena 3

Bomberos de la Policía de Córdoba. (Foto: Gobierno de Córdoba)

FOTO: Bomberos de la Policía de Córdoba. (Foto: Gobierno de Córdoba)

  1. Audio. Habilitaciones truchas en Córdoba: imputan a empresarios por coimas a Bomberos

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El fiscal Guillermo González resolvió imputar a empresarios en la causa relacionada con las habilitaciones truchas en Córdoba.

Entre ellos, se encuentran Darío Sebastián Brasca y Natalia Vanina Brasca, presidente y vicepresidenta de CYRE S.A, firma dueña de los supermercados Cordiez y Mercamax. 

Según la investigación, ambos habrían aportado dinero a intermediarios y a Julio Zárate, uno de los jefes de la asociación ilícita, para sobornar a funcionarios de Bomberos y la Municipalidad. 

Este mecanismo les habría permitido continuar operando sin cumplir con los requisitos edilicios de seguridad en varios establecimientos, generando un peligro real para la sociedad.

El fiscal imputó a Darío Sebastián Brasca por cohecho, encubrimiento agravado con ánimo de lucro reiterado (cinco hechos) y uso de documento público falso reiterado (cuatro hechos). Natalia Vanina Brasca, en tanto, fue imputada por cohecho. 

La investigación sostiene que Darío Brasca gestionó reiteradamente certificados apócrifos ante la Municipalidad, utilizando documentos con firmas falsas de Bomberos, para asegurar la continuidad comercial de los supermercados.

Por su parte, Roque Javier Olmedo, gestor de CYRE S.A., y Julio Zárate, enfrentan imputaciones por uso de documento público falso reiterado (10 hechos) y encubrimiento agravado con ánimo de lucro reiterado (8 hechos). Ambos habrían gestionado certificados fraudulentos no solo para la cadena de supermercados, sino también para otros establecimientos comerciales, deportivos y centros de salud.

La investigación continúa ampliando la lista de imputados, que incluye a empresarios que habrían utilizado certificaciones apócrifas para mantener en funcionamiento locales que no cumplían con las condiciones mínimas de seguridad. 

Asimismo, se han sumado imputaciones a integrantes de la asociación ilícita por delitos como adulteración de documento público, falsedad ideológica y uso de documento público falso.

Paralelamente, el caso sigue abriendo nuevas líneas de investigación relacionadas con licencias de conducir apócrifas, habilitaciones para espectáculos públicos y boliches nocturnos, y presuntos casos de extorsión a vendedores ambulantes por parte de inspectores municipales, entre ellos Mónica Silva, Diego Silva y Luis Ponce, recientemente detenidos.

Informe de Francisco Centeno.

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