Fiscal federal: "Si el cumplimiento de pena no es efectivo, nada tiene sentido"

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   Radioinforme 3 Rosario

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Este martes el Ministerio Público de la Acusación fue el eje de las miradas, con las audiencias imputativas contra los cinco señalados como instigadores de los crímenes de los taxistas Héctor Raúl Figueroa y Diego Alejandro Celentano, y el playero Bruno Bussanich. El fiscal Patricio Saldutti puso como uno de los centros del conflicto al narco de barrio Tablada “Chucky Monedita”, quien, según lo expuesto, pagó entre 200 y 400 mil pesos a sus gatilleros.

Según la Fiscalía, otra persona que cumplió un rol importante fue su pareja, Brenda Pared, quien cumple prisión domiciliaria por una causa vinculada al narcotráfico. Tiempo atrás, el fiscal federal Federico Reynares Solari había pedido que se le revocara, a partir de que no estaba claro según su óptica cómo conseguía los recursos para hacer frente a la casa que alquilaba en Funes. Según consta en una resolución de Casación, en el debate sobre el origen de los fondos para un alquiler la asistencia técnica informó que recibía asistencia social por parte del Estado -Asignación Universal por Hijo, Tarjeta Alimentar, Leche Ley Mil Días, Plan Potenciar Trabajo-, recibía ayuda de su círculo íntimo y contaba con la pensión de su madre, con quien vivía.

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“Entendimos que si discutimos la domiciliaria solo en base al cuidado de los menores que tenía a cargo y no nos iba a ir bien”, comenzó el funcionario en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario. “Dijo que podría conseguir dinero que superaría en un 10 por ciento el valor del alquiler. Pensamos que era inverosímil. Era evidente que no alcanzaba. Pero el Tribunal y la Cámara de Casación no dijeron que no demostramos de dónde provenía el dinero”, continuó.

Reynares Solari remarcó que “si hay que cuidar los intereses superiores del niño, estos deben vivir en un ambiente libre del delito”. Además, puso el foco en “una sensación que tenemos hace tiempo, donde logramos condenas que la sociedad percibe que no se cumplen”.

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“Mientras las personas condenadas cometen delitos, no están cumpliendo las penas. Si este no es efectivo todo lo que estamos haciendo no tiene sentido. Podemos discutir cuántos años se les deben dar, pero con una base: que se cumplan de verdad”, concluyó.

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