La Justicia detiene la liquidación de la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda

La Justicia decidió suspender la liquidación de la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda (OSPMA) luego de que se llevaran a cabo diversas protestas por parte de trabajadores de la región sur del conurbano.

La medida fue adoptada por el Juzgado Federal de Quilmes, que accedió al pedido de acción de amparo presentado por el Sindicato de Trabajadores Municipales.

Para demostrar su respaldo a la obra social, el gremio organizó un “abrazo solidario” en la sede de la entidad, buscando evitar su cierre.

“La resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación que intentaba iniciar el proceso de baja de nuestra Obra Social queda sin efecto. Además, nuestros equipos técnicos contactaron a las nuevas autoridades de la Superintendencia para aclarar posibles malentendidos relacionados con el sistema TAD (Trámites a Distancia)”, señaló el sindicato.

Recientemente, renunció el superintendente de servicios de salud, Gabriel Oriolo, siendo reemplazado por Claudio Stivelman, quien hasta ese momento se desempeñaba como gerente general del ente regulador de obras sociales y prepagas.

El sindicato también rechazó las afirmaciones sobre problemas financieros de la obra social, uno de los argumentos utilizados para justificar su posible clausura.

La controversia había comenzado con una orden de la Superintendencia que obligaba a las autoridades de la obra social a liquidar su patrimonio y cancelarla, bajo la consideración de tener un escaso número de afiliados (5.000).

Posteriormente, una gran concurrencia de trabajadores y sus familias se unió para rodear la sede de la OSPMA, situada en la calle Laprida en Crucecita, manifestando su defensa de la institución, el derecho a la salud y la continuidad de los tratamientos que ofrece la obra social.

Desde la obra social explicaron que se declararon en crisis en 2020, pero esto era una condición necesaria para acceder a los Aportes al Trabajo y la Producción (ATP), implementados por el gobierno de Alberto Fernández como medida para mitigar los efectos de la pandemia.

Aseguraron que han mantenido al día tanto sus sueldos como los pagos a proveedores y prestadores, sin registrar quejas de los usuarios, lo que desestima los fundamentos detrás de la medida, que consideraron “curiosa y llamativa”.

“Nuestra obra social no está tercerizada, es administrada directamente por los trabajadores, por lo que no hay ninguna empresa con poder de lobby protegiendo sus intereses. Nuestra institución es de los trabajadores, dirigida por ellos y que brinda servicios a sus pares”, afirmaron.

Casi de inmediato tras la masiva reunión en la sede, se conoció la renuncia del funcionario responsable de firmar la orden controvertida, el superintendente de Salud Gabriel Oriolo, quien en 18 meses al mando había ordenado la intervención de varias obras sociales, incluyendo la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (OSPRERA), la Obra Social del Personal Mosaista (OSPM), la Obra Social de Vareadores (OSV), la Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL), la del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPILM) y la Obra Social de la Industria del Fósforo (OSPIF).

Stivelman, el nuevo superintendente, es considerado una persona de confianza del ministro de Salud, Mario Lugones, según información proveniente del sistema de salud.

La mayoría de los trabajadores municipales en la provincia de Buenos Aires cuentan con la cobertura de IOMA, a través de convenios establecidos por los municipios, los cuales tienen carácter legal. La obra social de Avellaneda representa una excepción en este contexto.

En las semanas recientes, se registraron tensiones sindicales relacionadas con salarios y condiciones laborales en clínicas de renombre dentro del sector de las prepagas, como la Clínica Olivos, vinculada al Swiss Medical Group (SMG), y el sanatorio La Trinidad, de Galeno.

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