Se va acabar, esa costumbre de indemnizar

Adrián Simioni

En el Congreso Nacional se está cocinando un proyecto de ley insólito: una ley de reparación histórica para exempleados de empresas estatales privatizadas en los 90.

Es una postal difícil de encontrar en otro país, pero típica del victimismo argentino, de la moda de "reparar históricamente", para que los vividores del Estado les sigan arrancando indemnizaciones a los contribuyentes del sector privado.

El rasgado de vestiduras de los sindicalistas y activistas que reclaman la indemnización está a la orden del día. Exigen una "reparación" como si hubiesen sido víctimas del terrorismo de Estado, confirmando así lo que ya sabemos: el argentino estándar siempre se considera "víctima", sobre todo si vive del Estado. El empleado estatal argentino cree que es acreedor a un derecho de por vida que todos los demás le deben garantizar. Cambiar de trabajo le parece una catástrofe. Ganarse la vida en el sector privado, como todos los demás, una injusticia divina.

Uno de los activistas dijo la semana pasada en el Senado que 74 de sus excompañeros se habían suicidado tras la privatización. Es una vergüenza que ninguno de los legisladores presentes se haya animado a frenarlo: adjudicar a una causa el motivo de un suicidio es jugar a las adivinanzas. Usar ese argumento es usar a los muertos sin ningún escrúpulo.

En realidad, las empresas estatales debieron ser privatizadas en los 90 tras la quiebra total que ellas mismas provocaron al Estado, que se hartó de emitir para cubrir sus déficits e ineficiencias eternas, lo que terminó en las hiperinflaciones de fines del 80 y los 90. Los exempleados de esas empresas no puede decirse que fueron los responsables, pero sí sus sindicatos, que montaron verdaderas industrias destinadas a ordeñar las empresas estatales, y en esa fiesta sí participó una mayoría de empleados. Segma, Obras Sanitarias, Entel, YPF, Ferrocarriles Argentinos, Aerolíneas Argentinas, fueron empresas prácticamente saqueadas por gobiernos y sindicatos indolentes y corruptos. Por supuesto, a todos los exempleados se los indemnizó en los 90. La sociedad argentina ya destinó fortunas.

Ahora reclaman una reparación. Se creen que son acreedores. Que el Estado, es decir los contribuyentes, les deben algo. Treinta años después, dicen tienen derecho a participar de la propiedad de las empresas privatizadas, aunque se hubieran desvinculado -y cobrado retiros e indemnizaciones superiores a las de ley- antes de que esos programas de participación se pusieran en marcha.

Pues no. No tienen derecho. Ya lo dijo la Justicia en distintos fallos. Y por eso están presionando en el Congreso para que diputados y senadores les regalen una ley hecha a medida para que todos nosotros tengamos que pagarles un derecho que no tienen por un perjuicio que no sufrieron hace más de 30 años.