El empleo público, los apretadores y la paciencia

Adrián Simioni

Es la primera vez en décadas que el sector público, el Estado, hace parte del ajuste que durante tantos años hizo sólo el sector privado. Por eso estamos viendo su reacción en todas partes. Por eso y porque una serie de privilegios lo permite. Por ejemplo, la vieja y errónea interpretación de la Constitución que dice que un empleado público tiene garantizada su estabilidad. Una fantasía que sólo existe en la Argentina y para la que el Congreso debería sancionar una ley que precise qué quiere decir eso.

Las reacciones son múltiples. La Asociación de Trabajadores del Estado rechaza que la Nación les tome un examen de idoneidad a sus empleados, que por otro lado, todo indica, va a ser menos que básico. ATE dice que eso es para “estigmatizar” a los empleados públicos. Muchos están tan acostumbrados a que un padrino político los “haga entrar” y luego dedicarse a calentar sillas hasta jubilarse que no aceptan siquiera un examen anónimo. En realidad, el examen no parece ser gran cosa. Mejor sería ponerles a los empleados metas concretas y medibles a cumplir en tareas útiles y necesarias y que al que no cumpla esos requisitos se lo desvincule. Son salarios que tenemos que pagar con impuestos.

En la Ciudad de Buenos Aires los metrodelegados han sembrado el caos hoy en el subte con paros rotativos porque según ellos el cáncer de pulmón por el que murió un empleado fue por exposición al amianto que contendrían algunos trenes y sólo a esa causa, pese a que la concesionaria del servicio público asegura que ha hecho 3.000 mediciones de calidad de aire que no registran ningún riesgo para la salud. Pero dale que va. Ellos saben cosas que los demás no.

En la Municipalidad de Córdoba el sindicato Suoem ha decidido instalar hoy también el caos en las calles de Córdoba y, sobre todo, en cada repartición, con “asambleas” y paros encubiertos. Los vecinos están que trinan porque perdieron sus turnos en Medicina Preventiva, porque no podrán sacar el carnet de conducir que necesitan para trabajar y tantísimos trámites más para las que hay que, en Córdoba, hay que tener una paciencia de momia egipcia y más resignación que el Señor Barriga para cobrar la renta.

La desmesura sindical pone en juego la extorsión clásica. El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, por ejemplo, queda rápidamente atrapado entre las demandas imposibles de pagar de los 15 mil empleados municipales y la furia y la impotencia de los vecinos frustrados, enojados e impotentes ante el aparato burocrático pésimo, feo y caro que, sin embargo, tienen que pagar.

Usted sabrá a quién le tiene más paciencia. Si a los apretadores del Estado o a quienes votó para que intente mejorarlo, si es que quiere, sabe y puede.