Cuánto cuesta un kilo de Estado: la inflación que nadie mide

Adrián Simioni

¿Qué pasaría si el Indec, así como mide el precio de las costeletas, los antibióticos, los pantalones, los tomates, la luz y tantas otras cosas, midiera cuánto nos cuesta el Estado? Porque nosotros, aunque no nos damos cuenta, también somos consumidores de Estado, compramos Estado, pagamos Estado. No lo vemos porque, a diferencia de los fideos, estamos obligados a pagarlo. Es más: a veces pagamos y no nos llevamos nada, o nos dan a cambio algo que no era lo prometido, o nos dan un paquete que dice “un kilo de Estado” y en realidad tiene 300 gramos. El Estado está lleno de publicidad engañosa.

Bueno, si el Indec midiera cuánto nos cuesta el Estado y lo incluyera en el índice de inflación, la inflación del último año daría una fuerte baja. El economista Marcelo Capello, del Ieral y de la Universidad Nacional de Córdoba, se encargó de medir cuánto bajó el precio del Estado. Según Capello, si el Estado mantiene el ritmo que ha llevado hasta acá, este año terminará con un gasto público equivalente al 32% del Producto Bruto Interno (PBI). Es lo mismo que gastaba en el año 2007 o en el año 1998. Y ya está bastante lejos del récord inviable en el que lo dejó Cristina Fernández: 47% del PBI en 2015 y que se mantuvo en el primer año de Macri. Durante los 16 años de Néstor y Cristina el kilo de Estado se encareció 74% en términos reales, en puntos del PBI.

Este año, si termina en 32 puntos habrá bajado 12 puntos de los 44 del año pasado: una deflación real del 27%. La mayor rebaja la hace la Nación; gobernadores e intendentes no tanto.

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Claro, ese precio, el kilo de Estado, no lo mide nadie. Así que cuando los dueños de ese monopolio (como Néstor, Cristina, los gobernadores, los intendentes, los legisladores, la Justicia), verdaderos formadores de precios sin competencia) nos aumentan el precio, no la vemos. Y cuando alguien empieza a bajar el precio del kilo de Estado, como está haciendo Milei, tampoco nadie anota la rebaja.

Por supuesto, esto no les impacta a todos por igual. Quienes viven del Estado –ya sea porque trabajan o simulan trabajar para él, porque lo exprimen gracias a contratos, subvenciones o regulaciones, o porque cobran de él beneficios legítimos como las jubilaciones- festejan cuando el Estado aumenta sus precios porque entonces tiene más para repartir. En cambio, sufren un impacto negativo cuando bajan los precios de la góndola estatal porque luego el cajero tiene menos para repartirles.

Para quienes sostienen al Estado –los que venían pagando cada vez más impuestos, incluyendo el impuesto inflacionario a cambio de la misma inseguridad o la misma mediocre educación de siempre- es al revés. Cuando los políticos remarcan una y otra vez el kilo de Estado, les pesa cada vez más, porque les quedan cada vez menos recursos para gastar en otras cosas. Y reciben un alivio cuando el Estado empieza a abaratarse. En eso estamos. Aunque aún no lo veamos. Primero, porque 16 años de aumentos constantes no se revierten en sólo un año. Y, segundo, porque lamentablemente el Indec no incluye en su canasta cuánto nos cuesta el kilo de Estado. Es la inflación o la deflación que nadie mide. Porque no les conviene a los que miden.