"Gravedad" y "recelo": una decisión de la Corte tensiona la relación con el MPA

La fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, cuestionó con dureza una reciente decisión de la Corte Suprema provincial vinculada al destino del edificio anexo al Palacio de Justicia de la capital provincial. En una nota formal dirigida al máximo tribunal, advirtió sobre una posible “gravedad institucional” y manifestó su rechazo a la posibilidad de que el inmueble no sea destinado plenamente al funcionamiento del sistema de justicia penal.

El planteo surge luego de que la Corte resolviera que el edificio podría ser utilizado prioritariamente por el Poder Judicial y que, solo en caso de que existan espacios disponibles, podrían asignarse al Ministerio Público de la Acusación (MPA). Para Vranicich, esa definición representa un cambio sorpresivo respecto de los criterios que habían guiado el proyecto durante más de una década.

La fiscal general sostuvo que el proyecto edilicio fue concebido específicamente para fortalecer el funcionamiento del sistema penal. En ese sentido, remarcó que “el giro inesperado y sorpresivo invocado por el cual se intenta disponer discrecionalmente el cambio de destino del edificio se contrapone al hecho público y notorio —y con sustento normativo— de que dicha obra fue planificada y ejecutada desde hace más de 10 años con el objeto de satisfacer los nuevos requerimientos del proceso penal.”

Según detalló en un documento, el propio desarrollo del proyecto incluyó la participación del MPA en la planificación de los espacios. En 2021 la Corte solicitó al organismo información sobre la estructura de personal y las necesidades operativas para diseñar la distribución interna del nuevo edificio, que incluía dependencias destinadas a fiscales en distintos niveles del inmueble.

El documento también recuerda que el complejo fue concebido como un centro integral del sistema penal, donde funcionarían jueces, fiscales y defensores, replicando el modelo que ya opera en otras ciudades de la provincia. La intención original era centralizar los actores del proceso judicial para facilitar el acceso de la ciudadanía al servicio de justicia.

En ese marco, Vranicich cuestionó el nuevo criterio adoptado por los ministros del máximo tribunal. “En contramarcha con todos estos antecedentes (…) los miembros de la Corte sostienen que el Ministerio Público de la Acusación podría tener un lugar solo si el Poder Judicial no los necesitara”, señaló en el escrito.

La fiscal general interpretó esa postura como una señal preocupante sobre el rol institucional del organismo que conduce. “Se advierte de ello en primer lugar un atisbo de recelo respecto al carácter de este órgano como extrapoder”, sostuvo, y agregó que la decisión además implica “una falta de priorización de la ciudadanía que hará uso del anexo penal.”

Otro de los argumentos centrales del MPA se basa en la reciente reforma constitucional de Santa Fe. Allí se establece que el destino de los inmuebles y espacios ya asignados al Ministerio Público no puede modificarse sin su conformidad, algo que —según el planteo— no ocurrió en este caso.

Por ese motivo, el organismo fue categórico al rechazar el cambio de criterio. “Este Ministerio Público de la Acusación no presta la conformidad exigida (…) para la modificación que la Corte unilateralmente pretende realizar sobre las asignaciones de espacios que ya habían sido definidas, afectadas y destinadas al MPA”, afirmó Vranicich en el documento.

El escrito también advierte sobre posibles acciones legales si la situación no se revierte. La fiscal general dejó planteada la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de la Nación e incluso a tribunales internacionales. Además, remarcó que, “en razón de la extrema gravedad institucional puesta de manifiesto”, se remitieron copias del planteo al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y a la Fiscalía de Estado de la provincia.

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