Estrategias del Gobierno de EEUU para promover y forzar deportaciones

WASHINGTON (AP) — La ejecución de deportaciones en gran escala fue un emblemático clamor durante la campaña presidencial de Donald Trump. Desde su llegada al poder, la administración se ha concentrado en convertir esa promesa en realidad.

La política actual se centra en perseguir a “los peores de los peores”, refiriéndose a individuos que han cometido delitos en el país, al mismo tiempo que se presiona a ciertas naciones para aceptar migrantes que Estados Unidos enfrenta dificultades para repatriar.

Esta administración ha eliminado las protecciones legales otorgadas a cientos de miles de individuos que fueron admitidos de manera temporal bajo el gobierno del expresidente Joe Biden, facilitando así su eventual deportación.

A continuación, se analiza las tácticas que el gobierno estadounidense ha empleado, cómo se están seleccionando a las personas para la deportación y los retos que enfrentan:

Dirección hacia 'los peores de los peores'

Las autoridades migratorias han reiterado que sus acciones están enfocadas en individuos considerados “los peores de los peores”. Se trata de personas que representan un riesgo para la seguridad pública o nacional, ya sea por haber sido arrestadas o condenadas por crímenes en los Estados Unidos. Además, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) incluye a miembros de pandillas en esta categorización.

Mediante redes sociales, se han difundido numerosas imágenes de personas arrestadas por el ICE y los delitos que supuestamente cometieron.

Si bien administraciones anteriores también priorizaron a quienes representaban una amenaza para la seguridad pública, lo que distingue a la era Trump es que los agentes del ICE han recibido autorización para arrestar a otros individuos con infracciones migratorias encontradas durante estas operaciones. Estos son conocidos como “arrestos colaterales”, una práctica que se prohibía bajo la administración de Biden. Un agente de ICE afirmó: “Nadie obtiene un pase libre”.

Uso de terceros países

Funcionarios de inmigración han expresado sus quejas acerca de los países que no aceptan a sus ciudadanos para deportaciones. Algunos países se niegan a aceptar a sus nacionales, mientras que otros tienen criterios restrictivos, especialmente sobre personas con antecedentes penales.

Un fallo de la Corte Suprema de 2001 establece que el ICE no puede retener a un individuo por más de seis meses si no se prevé su repatriación. Esto ha llevado a que las autoridades de inmigración deben liberar a muchos en EEUU que desean deportar pero no pueden.

Para esquivar este obstáculo, el gobierno de Trump ha ejercido presión sobre otras naciones para que acepten a personas que no son sus ciudadanos. Un acuerdo significativo se suscribió en febrero por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante su visita a El Salvador, donde se pactó la retención de venezolanos supuestamente afiliados a pandillas en una prisión infame.

Costa Rica y Panamá también han accedido a admitir ciudadanos que no les pertenecen, aunque no fueron encarcelados. Muchos de estos han regresado a sus hogares o buscan asilo en terceros países.

Apuntando más allá de estas tres naciones centroamericanas, el gobierno de Trump ha manifestado interés en otros países como Libia o Sudán del Sur para procesar deportaciones.

Eliminación de protecciones legales

La administración Trump está intentando revocar las protecciones legales de cientos de miles de personas que fueron acogidas temporalmente por el gobierno de Biden, lo que podría desencadenar un proceso de deportación.

Durante la administración anterior, casi 1,5 millones de personas fueron admitidas bajo programas que usaron permisos humanitarios. Además, el gobierno de Biden amplió considerablemente el número de personas que gozaban de protección contra la deportación mediante el Estatus de Protección Temporal, un estatus que permite a quienes ya residen en EE.UU. permanecer y trabajar legalmente por hasta 18 meses si su país de origen enfrenta inestabilidad civil o desastres naturales.

La administración Trump está avanzando de manera decidida para eliminar o finalizar todas estas protecciones. Si se lograra este objetivo, el litigio en curso podría facilitar la deportación de cientos de miles de personas.

Impulsar la 'autodeportación'

Existen millones de individuos en el país sin estatus legal, incluidos cerca de 1,1 millones con órdenes de deportación finales. Sin embargo, solo hay cerca de 6.000 agentes dedicados a localizar, arrestar y deportar a aquellos que no tienen derecho a permanecer en el país.

Por ende, además de operar activamente para ubicar y deportar a individuos, el gobierno de Trump está incentivando la salida voluntaria.

A través de campañas en redes sociales y televisión, se está instando a los residentes ilegales a regresar a sus países de origen, advirtiéndoles que de no hacerlo enfrentarían sanciones y prohibiciones de reingreso a EE.UU.

Además, se están ofreciendo 1.000 dólares y la cobertura del costo del pasaje aéreo a quienes opten por “autodeportarse”. A comienzo de esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional promocionó el primer vuelo para quienes aceptaron esta oferta de retorno a Honduras.

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Esta información fue adaptada del inglés por un editor de AP con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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