Estado guatemalteco acepta responsabilidad en desaparición de cuatro defensores de derechos humanos

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El Estado guatemalteco aceptó el viernes su responsabilidad en la desaparición de cuatro defensores de derechos humanos ocurrida en 1989, cuyos restos aún no fueron hallados, y ofreció disculpas públicas a sus familiares.

En una ceremonia pública de reconocimiento de responsabilidad en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Bernardo Arévalo, en representación del Estado de Guatemala, reconoció su responsabilidad en la desaparición forzada de Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Pú Chivalán y Luis Ruiz Luis.

Las disculpas públicas son parte de la sentencia contra el Estado guatemalteco dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre del año pasado por la violación a los derechos humanos de los cuatro desaparecidos y sus familiares.

"Ellos fueron hombres valientes, guatemaltecos que alzaron su voz y actuaron de acuerdo con su conciencia, valores, en defensa de sus familias y comunidades y que fueron tratados de manera cruel e injusta por un Estado que los persiguió y finalmente los hizo desaparecer", dijo el presidente Arévalo durante el acto.

Las noches del 1 y 7 de abril de 1989 soldados del ejército detuvieron violentamente a los cuatro hombres, de origen maya Quiché, que vivían en el departamento de Suchitepéquez, al sur del país, adonde se habían trasladado para trabajar en el corte de café.

Los hombres eran miembros de la organización de derechos humanos Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam y se oponían al reclutamiento forzoso del ejército.

En su fallo, hecho público el año pasado, la Corte Interamericana señaló que durante todos los años posteriores a las desapariciones ni los tribunales ni el Ministerio Público cumplieron su función para esclarecer los hechos ni qué sucedió con los desaparecidos.

"Hemos sufrido todos, nos han rechazado en Guatemala, el militar entraba en las galeras (casas humildes) de donde sacaron a nuestros hermanos, fuimos a buscarlos y no hubo resultados, queremos que se esclarezca dónde están", dijo Sotero Ruiz Luis, hermano de una de las víctimas.

Amílcar Méndez, un activista que acompañó a las familias, dijo que la sentencia de la Corte reconoce de manera contundente que fueron víctimas de desaparición forzada por parte del Estado de Guatemala. "Fueron arrebatados de sus hogares, familias y la vida por el valiente acto de defender sus derechos, su delito fue creer en la justicia", dijo.

Méndez cuestionó la ausencia en el acto de disculpas del ministro de Defensa, institución que fue responsable de las desapariciones, así como del presidente del Organismo Judicial, señalados de no investigar las desapariciones.

The Associated Press preguntó a ambas instituciones las razones de su ausencia sin obtener respuesta.

La Corte detalló que las desapariciones forzadas producidas en el país centroamericano en el marco del conflicto armado —1960 a 1996— eran una práctica de Estado llevada a cabo "específicamente por las fuerzas de seguridad, incluido el Ejército" que se dirigía a la eliminación física de aquellas personas a quienes las autoridades identificaban como "enemigo interno".

Según informes de una comisión de la verdad de Naciones Unidas y de la Iglesia católica, hubo unas 250.000 personas fallecidas y unos 45.000 desaparecidos durante el conflicto armado. El ejército y los paramilitares fueron responsables del 90% de las desapariciones forzadas.

Además de las disculpas, la Corte también ordenó la búsqueda de los desaparecidos.

Kerry Kennedy, presidenta de la organización estadounidense Robert F. Kennedy que acompañó a las víctimas, dijo en la ceremonia que las desapariciones "crean una rasgadura en la tela social, destruyen la confianza y crean un daño generacional. Es una de las violaciones (de derechos humanos) más serias bajo las leyes internacionales".

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