Crece el temor por desapariciones en cárceles de Florida por cooperación con el ICE

MIAMI (AP) — La relación entre las agencias de aplicación de la ley de Florida y las autoridades migratorias federales ha generado inquietud entre familias y defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes temen que personas desaparezcan dentro de los sistemas penitenciarios del condado, pese a las estrictas leyes de transparencia en el estado.

El jueves, funcionarios de Miami-Dade aseguraron durante una reunión de la comisión que se comprometen a mantener la transparencia y cumplir con las normativas estatales sobre la divulgación de datos de los reclusos. No obstante, un apartado de un convenio con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) clasifica todos los registros y documentos generados bajo este acuerdo como información federal. Unos observadores advierten que esto podría permitir que el ICE decida qué información se revela al público, incluso si una persona está detenida o no.

William Mann, abogado del Proyecto de Justicia Comunitaria, sostuvo que esta situación podría convertirse en un problema grave. "Los funcionarios del condado podrían usar la redacción del acuerdo para restringir el acceso a la información para familiares, defensores y periodistas", explicó Mann. "Esto significaría que las personas podrían desaparecer del sistema de Miami-Dade si históricamente son consideradas prisioneros del ICE".

Desde el ICE confirmaron la recepción de solicitudes para obtener información sobre el asunto, pero no brindaron comentarios al respecto.

Estrategias de aplicación de la ley de inmigración

Bajo la gestión del gobernador Ron DeSantis, se espera que las autoridades locales y estatales adopten un papel más proactivo en la aplicación de la ley federal de inmigración, un enfoque que se intensificó desde la reelección del presidente Donald Trump en enero.

Una legislación de 2022 amplió las restricciones estatales contra las denominadas políticas de santuario, obligando a las agencias que manejan instalaciones de detención en el condado a firmar acuerdos con el ICE, permitiendo a los agentes locales identificar y procesar a “extranjeros removibles”.

Además, una nueva ley exige que los funcionarios responsables de la aplicación de la ley local o estatal hagan sus "mejores esfuerzos" para colaborar con la ley migratoria federal. A requerimiento de una agencia federal, los centros de detención del condado deben proporcionar listas de todos los reclusos y cualquier información sobre el estado migratorio de cada uno.

DeSantis afirmó a inicio de año: "La Asamblea Legislativa de Florida aprobó la legislación más drástica contra la inmigración ilegal en el país. Estamos liderando la lucha contra la crisis migratoria".

Presión sobre funcionarios electos

El fiscal general del estado ha amenazado con destituir a funcionarios locales que se mostraron reacios a firmar convenios de cooperación con el ICE.

Durante la reunión en Miami-Dade, la junta contempló votar sobre nuevas cláusulas en el acuerdo con el ICE, pero optó por posponer la decisión, delegando a la alcaldesa, Daniella Levine Cava, la validación del acuerdo.

Levine Cava explicó a los asistentes que su actuación era obligada: "Esta es la ley de Florida, y este acuerdo debía ser firmado". Ella y otros comisionados aseguraron que los registros públicos bajo la jurisdicción del condado seguirán siendo accesibles.

A pesar de los compromisos de transparencia de Miami-Dade, no habían registros de reclusos federales, incluidos aquellos con órdenes de detención de inmigración, en la cárcel del condado de Orange hasta la semana pasada.

Dificultades en la búsqueda de registros

Ericka Gómez Tejeda, directora del Centro Comunitario Hope, indicó que las autoridades en el centro de Florida sostienen que los registros federales quedan excluidos de las leyes estatales de acceso a la información, lo que implica que los inmigrantes enfrentan el riesgo de desaparecer en el sistema.

Gómez Tejeda citó el caso de Esvin Juárez, quien fue arrestado y deportado a Guatemala este mes, antes de que su abogado y familia pudieran averiguar su paradero. A su juicio, complicar el rastreo de inmigrantes detenidos es una estrategia deliberada.

"Esto va en contra de los derechos al debido proceso de las personas", manifestó Gómez Tejeda.

El alcalde del condado de Orange, Jerry Demings, ordenó recientemente que la cárcel publicara información sobre los detenidos del ICE, aunque la activista subrayó que esto no beneficiará a quienes fueron arrestados en otros condados o estados antes de ser trasladados a Orange.

"Muchas personas han sido llevadas a varios centros de detención", apuntó Gómez Tejeda. "Y en cada estado al que llegan, sus familias deben contratar un nuevo abogado para manejar su representación, lo que representa una carga considerable".

El representante demócrata Maxwell Frost presentó un proyecto de ley para erradicar la detención ilegal y abordar el maltrato hacia los detenidos, exigiendo que todas las instalaciones del ICE divulguen de forma pública quién está detenido y los motivos de la detención.

"Este proyecto de ley no resolverá todos los problemas, pero si Trump y sus aliados consideran que estas políticas son defendibles, no deberían temer a informar al público sobre sus acciones", concluyó Frost. "Si están orgullosos, debieron transparentar. Si les avergüenza, deberían reconsiderar".

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La periodista de The Associated Press Kate Payne en Tallahassee colaboró en este artículo.

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Este reporte fue traducido del inglés por un editor de AP con apoyo de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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