Congreso de El Salvador aprueba Ley de Agentes Extranjeros que impone un impuesto del 30% a donaciones a ONG

SAN SALVADOR (AP) — El Congreso salvadoreño aprobó el martes la Ley de Agentes Extranjeros, la cual establece un impuesto del 30% sobre las donaciones recibidas por organizaciones no gubernamentales (ONG). Esta norma ha sido impulsada por el presidente Nayib Bukele, mientras sus detractores la califican de "herramienta de control y censura, típica de regímenes autoritarios".

La iniciativa se aprobó con dispensa de trámites, logrando el respaldo de 57 de los 60 diputados presentes, todos del partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados.

La ley se aplicará a “toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera” involucrada en actividades de interés nacional financiadas, controladas o influenciadas, directa o indirectamente, por actores extranjeros.

Las entidades o individuos que perciban fondos del extranjero tendrán un plazo de 90 días para registrarse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), el cual dependerá del Ministerio de Gobernación, para poder recibir donativos o llevar a cabo actividades dentro del país.

De acuerdo a lo estipulado en la norma, los sujetos obligados podrán solicitar su exclusión del régimen tributario bajo la calificación del RAEX, que evaluará parámetros como la naturaleza del proyecto, la fuente de los recursos, así como la eficacia en el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Durante el debate, Suecy Callejas, vicepresidenta del Congreso, defendió la ley argumentando que “promueve la transparencia sobre quién financia y dirige a las organizaciones que operan en El Salvador con fondos extranjeros”.

Por otro lado, Claudia Ortiz, diputada del partido VAMOS, consideró que esta normativa “es incompatible con la democracia, el estado de derecho y el respeto a los derechos fundamentales”. La legisladora añadió que “esta ley es un instrumento de control y censura, muy representativa de gobiernos autoritarios”.

Ortiz sostuvo que con esta regulación, el gobierno podrá decidir arbitrariamente a qué organizaciones aplicar el impuesto, lo que podría afectar particularmente a aquellas que denuncian corrupción o abusos de poder. Según Eduardo Escobar, director de la ONG Acción Ciudadana, esta legislación forma parte de una “escalada represiva” que atenta contra derechos constitucionales como la libertad de expresión y de asociación.

Anteriores intentos de implementar una regulación similar por parte de Bukele en 2021 fueron desestimados tras recibir críticas internacionales.

Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que el gobierno salvadoreño intensifica un patrón autoritario ante los recientes conflictos sociales, lo que afecta tanto a la sociedad civil como a las personas que buscan apoyo y asistencia en situaciones vulnerables.

Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas, advirtió que “no se puede silenciar a quienes denuncian abusos. Esta nueva ley no solo afecta a las organizaciones, sino también a los individuos que dependen de su apoyo”.

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