Cae banda en Chile que extorsionaba y lavaba dinero con camiones y maquinaria pesada

SANTIAGO (AP) — Casi una treintena de individuos fueron detenidos el martes en el marco de un operativo policial en varias regiones de Chile que desarticuló una banda criminal dedicada a las extorsiones y al lavado de dinero a través de la compra y venta de camiones y maquinarias pesadas.

Según la Policía de Investigaciones (PDI), la acción, llevada a cabo en la madrugada y que contó con más de 400 agentes, terminó con más de 40 allanamientos y la detención de 28 personas, todas de nacionalidad chilena y quienes actuaban desde la norteña Arica hasta la sureña región de Los Lagos, pasando por la influyente región metropolitana de Santiago y la turística Valparaíso.

El desmantelamiento de la banda, que actuaba desde al menos 2020, se enmarca en una crisis de delincuencia sin precedentes que azota a Chile, considerado uno de los países más seguros de América Latina. Según un informe divulgado el martes por la fiscalía, las denuncias ingresadas al Ministerio Público en el primer semestre de 2025 aumentaron en un 19,6% frente al mismo periodo del año pasado, lo que se traduce en 156.610 delitos más.

Al dar detalles sobre este último operativo, el director de la PDI, Eduardo Cerna, explicó en rueda de prensa que “esta es una investigación ya de hace unos años de data que ha tenido distintas instancias y que fue reactivada a contar de un año con información residual”, lo que permitió “establecer, definir y generar un conocimiento de toda estructura criminal” del grupo.

La banda se dedicaba al robo de camiones, grúas y retroexcavadoras, entre otras maquinarias pesadas, para posteriormente negociarlas a precios mucho más bajos. En el proceso, los integrantes creaban “sociedades de papel para ocultar los recursos obtenidos”, precisó la fiscalía.

Asimismo, hay evidencias de que “esta asociación criminal logró permear distintas instituciones públicas”, por lo que igualmente se investiga posibles corruptelas en el poder público, ya que, según los fiscales, la banda mantenía “contacto con funcionarios”, de quienes conseguían permisos de circulación para los vehículos sustraídos a cambio de pagos.

La actuación del grupo no solo implicaría defraudación pública y tendría consecuencias tributarias, sino que también “afectaba al transporte de carga”, dijo el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

Además de los 24 hombres y 4 mujeres detenidos, el operativo terminó con la incautación de nueve armas de fuego y 98 vehículos, entre camiones, maquinarias, grúas y automóviles usados por el grupo, que logró un patrimonio total que bordea los 10.000 millones de pesos, unos 10 millones de dólares.

Los imputados responderán ante la justicia por diversos delitos, como asociación criminal, robo con intimidación, delitos tributarios, falsificación, infracción a la ley de armas, extorsión y lavado de activos.

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