Los organismos de derechos humanos, algunos sindicatos y agrupaciones políticas que se autoperciben como progresistas han puesto en el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, convocó para hoy a un acto en homenaje a las víctimas del terrorismo en los años 70, que se hará en un salón de la Legislatura porteña.
El acto está organizado por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) que preside Villarruel. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos, el gremio de metrodelegados y sindicatos estatales como ATE, CTA y Ademys ya saltaron a la yugular. Primero pidieron la Legislatura porteña prohibiera el evento. Y como no lo consiguieron convocaron a una marcha de repudio que se realizará a la misma hora del acto en la Legislatura.
Califican al acto como “negacionista” y como una reinvindicación de la Teoría de los dos Demonios (la opinión de quienes ponen en pie de igualdad los crímenes de Montoneros y el ERP con los de las juntas militares que hicieron que el propio Estado cometiera delitos por fuera de la ley, algo que muy poca gente sostiene).
La verdad, es que ninguna de esas cosas es cierta. El Celtyv de Villarruel ha venido considerando que muchos militares que están en la cárcel son presos políticos, ha pedido que puedan cumplir sus últimos años de condena en prisión domiciliaria ya que muchos de ellos son octogenarios y, sobre todo, recuerdan y reivindican a las víctimas de Montoneros y el ERP. Se puede estar de acuerdo con todo o con parte de esto, pero ninguna de esas cosas significa poner en pie de igualdad un crimen político cometido por el propio Estado y un crimen político cometido por políticos que en los 70 se autopercibían como revolucionarios.
Pero, aunque no sean iguales, eso no implica que los asesinatos, los secuestros y los atentados cometidos en plena democracia por Mario Firmenich, Roberto Santucho y otros criminales en los 70 no hayan sido eso: crímenes. Ni que no hayan tenido víctimas.
Por dar un ejemplo: este dos de septiembre se cumplieron 48 años de aquel día de 1975 (plena democracia) estalló una bomba que un comando terrorista puso en la peluquería adonde se atendía la entonces presidenta Estela Martínez Perón. Como consecuencia murieron carbonizadas Celia Palacios de Medina y su hija Gladys, de 13, que dormían en un departamento que estaba arriba del local.
¿Qué tiene que ver recordar a estas dos víctimas de la ambición política de terroristas de Montoneros o el ERP con reivindicar a Videla? Nada. Hay
La única razón es que, como los derechos humanos en Argentina han sido instrumentalizados por el kirchnerismo como un arma política extorsiva y como una herramienta de negocios para obtener fondos multimillonarios del Estado, sólo ellos se creen autorizados para reivindicar esa bandera. No quieren que nadie más hable del tema. No quieren que nadie diga que los terroristas fueron asesinos y no los jóvenes idealistas que ellos quieren obligarnos a romantizar.
Daniel Cattalano, un sindicalista de ATE, dijo que el acto era una “provocación”. ¿Provocación a quién? ¿A él? ¿Quiénes se cree que es este tipo para que nadie pueda ejercer la libertad de pensar y actuar de modo distinto al que él pretende imponer? ¿Quines se creen que son para impedir a nadie reivindicar a una víctima y proclamar la vigencia de los derechos humanos? ¿Quién se cree que es para intentar forzarnos a reivindicar como héroes a terroristas que fueron, ante todo, criminales, a organizaciones que en cualquier otro lugar del mundo (España, por ejemplo), son condenadas como resulta obvio que deben ser?
Para ellos es vital mantener el relato, un relato tuerto, diseñado para traficar impunidad, dinero y extorsión moral. Y el relato tuerto los lleva inevitablemente a tratar de imponer el pensamiento único, que al final es la única manera de imponer una historia distorsionada, sectaria, falsa. Y terminan tratando de impedir que los demás ejerzan su derecho a participar en la construcción de la historia. Y terminan así: siendo tan fachos como los dictadores que ordenaban quemar un libro, nombrar a un político o censurar una película.
