L. oscila entre la tranquilidad y la desolación. Con pocas palabras, a veces demuestra estar triste, sin entender del todo lo que sucede a su alrededor. Pero hay momentos en los que aparece más seguro, confiado, recluido en un libro.
De esta manera han trascurrido estos 15 días que lleva alojado en un sector de Complejo Esperanza, aislado del resto de la población joven. Se trata del centro para adolescentes menores de 18 años en conflicto con la ley penal ubicado en las afueras de la ciudad de Córdoba.
L. llegó hasta allí el lunes 3 de este mes, luego de ser demorado 24 horas antes, cuando se descubrió el cadáver de su mejor amigo, Joaquín Sperani (14) en una casa abandonada ubicada a la vuelta del colegio al que iban juntos en la ciudad de Laboulaye.´
La causa en aquel momento quedó a cargo del juez Penal Juvenil Sebastián Moro, que hoy, a casi tres semanas del asesinato de Joaquín no tiene dudas de que L. fue el autor del homicidio y que actuó solo.
El crimen se produjo el jueves 29 de junio a la siesta. Tras matarlo a golpes con un caño y un pedazo de mampostería, L. volvió a la escuela y se sentó en clases.
La búsqueda de Joaquín, repleta de errores policiales, se extendió durante casi 72 horas, hasta la mañana del domingo siguiente, cuando un grupo de vecinos lo encontró sin vida a menos de 50 metros del colegio.
Fue entonces que se vino abajo el castillo de mentiras que L. había ido construido en sus sucesivas declaraciones ante los investigadores. El adolescente de 14 años quedó en medio de todas las sospechas y, sobre todo, de una inmensa lupa social. ¿Qué pasó para que un chico que recién se asoma a la adolescencia fuera capaz de semejante acto?
Quienes siguen de cerca la investigación aseguran que ya no se trata de un asunto policial, sino que todo está en el campo de la psicología. Se sabe que L. lo mató y que actuó solo. Por el rastreo de las cámaras de seguridad -se lo ve en la casa abandonada horas antes del asesinato- y ante el caño de hierro cromado que se halló en la escena del crimen -similar al que se puede encontrar, por ejemplo, en un tambo como el que tienen sus padres-, se especula con que pudo haber planeado el homicidio.
Pero, se insiste, el mayor desvelo que hoy tiene la investigación es competencia de aquellos que saben el arte de explorar los laberintos de la mente.
Dos adolescentes que se conocían de pequeños, que mantenían una estrecha relación, que este año se habían reencontrado en el mismo colegio y que en el último tiempo se habían separado dentro del aula. Pero que seguían unidos pese a que ese vínculo entre ellos generaba burlas entre algunos compañeros.
"Acá hay dos víctimas", resume un hombre que hace años trabaja con adolescentes en conflicto con la ley penal. Su máxima lejos está de intentar morigerar el enorme peso de la responsabilidad que hoy cabe sobre L. sobre lo que hizo. Pero busca amplificar la mirada, el análisis, la interpelación.
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Recién el jueves último, L. recibió por primera vez la visita de sus padres en Complejo Esperanza. Antes, se había comunicado con ellos por teléfono a través de la Unidad de Desarrollo Regional (Uder) que en Laboulaye tiene la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). El trabajo de un equipo interdisciplinario es triple: con L., con sus padres y, también, con los familiares de Joaquín.
Si bien L. está solo en su celda/habitación, comparte el patio y la granja con el resto de los jóvenes alojados en ese complejo.
Su caso plantea una excepción para todo el sistema: si bien el artículo 94 bis de la ley provincial 9944 (de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes) plantea que un adolescente no punible (menor de 16 años) puede permanecer hasta seis meses como máximo en Complejo Esperanza, si así lo dispone un juez, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) declaró que este punto era inconstitucional, por lo que lo dejó sin efecto. En un fallo dictaminado en 2021, se indicó que era "incompatible" que menores de 16 años fueran alojado en ese centro.
O sea, hoy en Córdoba un adolescente de 14 años, como es L., no puede estar en Complejo Esperanza.
Por eso, el trabajo del juez Moro es contrarreloj. Debe determinar junto al equipo interdisciplinario qué hacer con L.: si vuelve junto a su familia, si es necesario dejarlo con tutores en una residencia oficial para el resguardo del menor (allí son alojados los niños y adolescentes que son apartados de sus hogares por ser víctimas de violencia -algo que en este caso no se observaría, en un principio-) o si acaso hace falta un abordaje psiquiátrico en algún centro especializado.
Todavía no hay respuestas para determinar esto.
"En algún momento, tiene que regresar con sus padres. La ley es clara en ese sentido", agregó otra fuente consultada.
Los progenitores de L. ya están asumiendo que va a ser difícil continuar toda la familia en Laboulaye. Por eso, comenzaron a analizar mudarse a otra parte. Uno de los grandes escollos que tienen es que viven gracias al tambo que explotan allí.
En medio de todo este análisis repleto de complejidades, este lunes el nuevo abogado que representará a L. en todo el proceso, Raúl Palacios, por primera vez se entrevistó de manera personal con él.
"Concurrí al Centro de Admisión y Diagnóstico del Complejo Esperanza. Allí, tuve la oportunidad de tener una entrevista de carácter personal y privada con él, el niño acusado de este hecho. En virtud de todas las cuestiones que él me informado, algunas de las cuales ya conocía y otras me ha ampliado, es que en los próximos días le vamos a pedir al Juzgado una audiencia para que él (por L.) pueda exponer toda una serie de circunstancias que entiendo que hacen a su derecho de defensa", indicó el abogado ante Cadena 3.
Palacios, que dijo haber visto a L. "triste y asustado", completó: "Cuando sea el momento procesal oportuno va a hacer manifestaciones ante el juez, va a responder preguntas y seguramente dar respuestas a los interrogantes que necesita la mamá de Joaquín”.
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