Una madre surcoreana presenta acción legal contra el gobierno y una agencia de adopción por hijo perdido

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Una madre de 72 años ha interpuesto una demanda contra el gobierno surcoreano y su principal agencia de adopción, acusando fallos sistemáticos en la separación forzada de su hijo pequeño, quien fue llevado a Noruega sin su autorización.

Choi Young-ja buscó a su hijo durante casi cinco décadas, culminando en un emotivo reencuentro en 2023.

La acción judicial de Choi, cuya historia fue expuesta en una investigación de Associated Press y documentada por Frontline de PBS, surge en un contexto de creciente presión sobre Corea del Sur para abordar el fraudulento y abusivo sistema de adopción extranjera que ha operado por décadas.

En marzo, la Comisión de Verdad y Reconciliación de Corea del Sur emitió un informe histórico responsabilizando al gobierno de facilitar un programa de adopción extranjero desregulado que separó inadecuadamente a miles de niños de sus familias a través de generaciones.

Las investigaciones revelaron que los gobiernos militares de épocas pasadas, en un intento por reducir los costos sociales, facilitaron la aceleración de adopciones a través de agencias privadas, ignorando prácticas fraudulentas que a menudo distorsionaban la historia y antecedentes de los menores, resultando en un aumento de adopciones en las décadas de 1970 y 1980.

Se calcula que aproximadamente 200.000 niños coreanos han sido adoptados por familias en países occidentales en las últimas siete décadas. Sin embargo, no pocos de estos menores fueron documentados falsamente como huérfanos, a pesar de tener padres vivos que estaban desaparecidos o habían sido secuestrados.

La demanda de Choi sigue a un caso similar presentado en octubre por otra mujer de 70 años, Han Tae-soon, quien también demandó al gobierno y a Holt Children’s Services por la separación de su hija, enviada a Estados Unidos en 1976 tras ser raptada a los cuatro años.

La demanda alega adopción ilegal y fallos institucionales

Choi sostiene que su hijo, de tres años en ese entonces, salió corriendo de su hogar en Seúl en julio de 1975 al perseguir un camión de fumigación, y nunca volvió. Ella y su difunto esposo se recorrieron diversas comisarías en busca de su paradero y visitaron repetidamente a Holt, que les indicó que no había información sobre él.

Luego de muchos años de búsqueda infructuosa, Choi optó por una última medida al enviar su ADN a una unidad policial que ayuda a reunificar a adultos adoptados con sus familias biológicas. En 2023, descubrió que su hijo había sido adoptado en Noruega en diciembre de 1975, solo cinco meses después de su desaparición, y que la adopción fue tramitada por Holt bajo un nuevo nombre y otros datos.

En el 2023, al enterarse de la situación, Choi confrontó a Holt, que no ha respondido a las consultas de Associated Press. Desde entonces, ha colaborado con abogados para preparar la demanda contra la agencia, el gobierno surcoreano y el orfanato de Suwon donde permaneció su hijo en el proceso de adopción. El hijo, quién visitó Corea del Sur en 2023 para reunirse con su madre, ha optado por no comentar sobre lo sucedido.

Choi ha presentado una demanda civil por 550 millones de wones (aproximadamente 403.000 dólares) ante el Tribunal de Distrito Central de Seúl, alegando que el gobierno incumplió su responsabilidad de identificar a su hijo una vez llegó al orfanato, a pesar de su denuncia policial. Los registros indican que la agencia y el orfanato no verificaron el estado del niño ni informaron a sus progenitores, pese a que Choi había estado buscando a su hijo. Además, Holt supuestamente falsificó los registros, describiéndolo erróneamente como un huérfano abandonado.

Tanto el gobierno de Corea del Sur como Holt no han hecho declaraciones respecto a la acción judicial de Choi.

Corea enfrenta creciente presión para abordar los problemas en adopciones

Choi y Han son pioneras al reclamar legalmente contra el gobierno y una agencia de adopción por las supuestas irregularidades en la adopción de sus hijos.

En 2019, Adam Crapser, un adulto adoptado, fue el primero en demandar al gobierno surcoreano y a Holt, alegando que su adopción fue mal gestionada y resultó en una infancia abusiva en Estados Unidos, además de ser deportado en 2016 debido a problemas legales. No obstante, el Tribunal Superior de Seúl exoneró tanto al gobierno como a la agencia de ninguna responsabilidad en enero pasado.

Los hallazgos de la Comisión de Verdad podrían alentar a más adoptados o padres biológicos a reclamar indemnizaciones al gobierno y a las agencias implicadas. Sin embargo, algunos adoptados critican que el informe no reconoce suficientemente la complicidad del gobierno y carece de propuestas concretas para reparaciones a las víctimas de adopciones ilegales. Durante una conferencia de prensa, Park Sun Young, presidenta de la comisión, prometió fortalecer las recomendaciones, aunque no se dieron seguimientos antes de que se publicara la versión final del informe.

El gobierno nunca ha admitido responsabilidad por los problemas de adopción del pasado y ha ignorado la recomendación de la comisión que instaba a emitir una disculpa oficial a los afectados.

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