Jueces analizan si Trump puede aplicar la ley de guerra contra el Tren de Aragua

Abogados de inmigración y representantes del gobierno federal se encontraron el lunes para discutir si el presidente Donald Trump tiene la facultad de invocar una ley del siglo XVIII, adecuada para tiempos de guerra, en su contra el Tren de Aragua, una pandilla venezolana. Este caso podría llegar a ser examinado por la Corte Suprema de los Estados Unidos.

La audiencia tuvo lugar ante un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito en Nueva Orleans, constituyendo un capítulo más en una larga y compleja batalla legal que comenzó cuando Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 en marzo.

Históricamente, esta ley se ha aplicado en momentos de conflictos significativos, como la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra de 1812. En la audiencia, Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), argumentó que la aplicación de esta ley en el contexto de una pandilla es inapropiada. “Ha sido invocada solo tres veces durante guerras importantes, y ahora se intenta usarla contra una organización criminal”, enfatizó Gelernt.

Por su parte, el asistente del fiscal general, Drew Ensign, defendió que los tribunales no deben cuestionar la decisión del presidente si considera que EE.UU. enfrenta una amenaza extranjera justificando así medidas extraordinarias. Recalcó que la Corte había intervenido anteriormente solo en una ocasión relacionada con esta ley, cuando cuestionó la obligatoriedad de mantener detenidos a sospechosos nazis tras la Segunda Guerra Mundial, afirmando que no se debía dudar de las advertencias del entonces presidente Harry Truman sobre la continuación de la amenaza.

“La deferencia al presidente en asuntos de relaciones exteriores y seguridad nacional es máxima”, indicó Ensign.

La decisión de Trump de utilizar esta ley ya ha sido revisada por la Corte Suprema en dos ocasiones por cuestiones técnicas. Primero, se determinó que aquellos acusados de estar vinculados al Tren de Aragua deberían tener tiempo suficiente para impugnar su designación, y que solo podían cuestionar sus deportaciones en los lugares donde se encontraran detenidos. Esta decisión significó que se invalidó una orden previa de un juez federal en Washington, quien consideró que el gobierno estaba en desacato por no seguir sus instrucciones y trasladar detenidos a una prisión en El Salvador usando la ley invocada.

Posteriormente, al surgir numerosas demandas de la ACLU y aliados por fallos que prohibieron deportaciones bajo esta ley, la Corte se pronunció nuevamente en abril, indicando que el gobierno no podía deportar a personas provenientes de una región de Texas sin una decisión judicial en contra de dichas expulsiones.

A medida que tribunales de menor rango comenzaron a decidir que la Ley de Enemigos Extranjeros no era aplicable a una pandilla, se solicitó a la corte de apelaciones del 5º Circuito que sopesara el tema, así como el tiempo que deberían tener los detenidos para impugnar su designación.

Inicialmente, el gobierno se mostraba reacio a otorgar tiempo para apelaciones, aunque ahora considera que deben ser siete días, mientras que la ACLU busca que este plazo sea de 30 días, similar al que se dio a supuestos nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

El panel de jueces que escuchó los argumentos estaba conformado por uno designado por Trump, otro por el ex-presidente George W. Bush y uno más por Joe Biden. El fallo que emitan podrá ser apelado ante todo el tribunal del 5º Circuito, conocido por ser uno de los más conservadores, o directamente ante la Corte Suprema.

Trump argumenta que el Tren de Aragua opera con el apoyo del gobierno venezolano. La ley permite su invocación para combatir una “invasión” o “incursión depredadora”. Sin embargo, la ACLU sostiene que la conexión entre la pandilla y el gobierno venezolano es débil, citando un análisis de 17 agencias de inteligencia que indica una mínima coordinación entre el Tren de Aragua y el gobierno de Caracas.

Gelernt advirtió que esta ley también podría haberse aplicado en el pasado a organizaciones criminales con vínculos mínimos a otros países que operan dentro de EE.UU. en los últimos 200 años.

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Esta información fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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