Sentencias severas para ocho manifestantes tras tiroteo en centro migratorio de Texas

FORT WORTH, Texas, EE.UU. — Un manifestante que disparó y causó heridas a un oficial de policía fuera de un centro de inmigración en Texas el pasado 4 de julio fue sentenciado el martes a 100 años en una prisión federal. Otros siete manifestantes, acusados de tener vínculos con antifa, también recibieron condenas que varían entre 30 y 70 años.

Benjamin Song fue hallado culpable de intento de asesinato en marzo, luego de que los fiscales argumentaran que disparó e hirió a un agente en el Centro de Detención Prairieland, ubicado en Alvarado.

Las sentencias impuestas a los otros siete manifestantes, que fueron dictadas el mismo día, reflejan la gravedad del incidente. El abogado de Song, Philip Hayes, declaró fuera del tribunal que su cliente no era parte de un grupo terrorista, sino que era un joven que buscaba hacer escuchar su voz sin intención de causar daño.

"Nuestro problema con este caso siempre ha sido que esto no es un grupo de terroristas. Esto es un grupo de chicos y jóvenes adultos que de verdad tienen un gran corazón y realmente querían que se escuchara su voz. Nunca se pretendió que nadie resultara herido", afirmó Hayes.

El abogado anunció que su cliente planea apelar la sentencia, subrayando que Song ha llevado una vida ejemplar como exmarine y estudiante destacado. "Tenía muchas buenas cualidades que simplemente se ignoraron y el juez a pesar de eso le impuso lo máximo que pudo", añadió.

Uno de los acusados, Daniel Sanchez Estrada, fue hallado culpable de ocultar documentos y conspiración. Otros manifestantes admitieron haber proporcionado apoyo material a terroristas, eludiendo un juicio completo.

Los fiscales sostienen que los ocho manifestantes son parte de antifa, una organización que el gobierno de Trump ha denunciado. Sin embargo, ellos han negado cualquier afiliación, argumentando que su presencia en la manifestación era para mostrar apoyo a los inmigrantes dentro del centro de detención.

La situación se complica dado que el presidente Trump firmó el año pasado una orden ejecutiva que clasifica a antifa como una organización terrorista nacional, aunque no existe una lista oficial de organizaciones terroristas en el país.

Críticos advierten que este caso podría tener repercusiones significativas sobre el derecho a protestar, ya que organizaciones que operan en Estados Unidos están protegidas por la Primera Enmienda.

En otro contexto, fiscales federales acusaron recientemente a 15 personas en Minnesota de obstaculizar las acciones del gobierno de Trump contra la inmigración, alegando que los manifestantes conspiraron para bloquear arrestos y deportaciones.

Antifa, que es la abreviatura de antifascistas, no es una organización formal, sino un término que abarca diversos grupos de extrema izquierda que se oponen a neonazis y supremacistas blancos.

Marcelo reportó desde Nueva York.

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