La "foto" del delito en la provincia

En 2021, se denunciaron 77.669 delitos contra la propiedad en toda la provincia de Córdoba. O sea, unos nueve robos y hurtos por día.

En 2020, un año excepcional, con poca circulación y demasiadas restricciones, se habían denunciado 67.463 robos y hurtos en territorio cordobés.

La cifra indica un incremento en cuanto a los datos "en blanco" del delito que más sufren los cordobeses: la inseguridad. Y sólo es la parte que se puede mostrar, porque se trata del piso bajo el cual se esconde la cifra negra del delito, aquellos casos que no son denunciados.

Pero si bien se observa un incremento interanual, el dato necesita más contexto: en 2019 fueron 101.404 los episodios de este tipo denunciados en la provincia (un 30 por ciento más que el año pasado) y en 2018 hubo 94.452 robos y hurtos denunciados.

O sea, los niveles "en blanco" de la inseguridad en Córdoba estuvieron el año pasado por debajo de la época prepandémica.

En ese sentido, el licenciado Roberto González, titular del Observatorio del Delito indicó que la crisis de bolsillo que tiene en jaque a los argentinos, inflación mediante, es una de las respuestas que explican el aumento de casos denunciados con respecto a 2020. 

La foto de esta estadística formulada junto a diferentes instituciones públicas no logra dimensionar la "calidad" de ese delito, ya que si bien a nivel de cifra un robo es igual a otro, en la práctica esto no es así, ya que el nivel de violencia, no registrado en el estudio, termina por ser clave al momento de medir la sensación de inseguridad de los ciudadanos.

También se destaca que esta correlación entre crisis económica y más robos no se advierte en la cifra de homicidios, ya que Córdoba tuvo el año pasado 90 crímenes en toda la provincia, el registro más bajo de la última década. 

"En los homicidios se advierte, además de un trabajo estatal en los barrios, cómo en los sectores sociales la violencia letal como un método de resolver conflictos interpersonales está entrando en tensión con otras actitudes de convivencia ciudadana que están basadas en un nuevo contrato o relación social de los individuos que comparten un mismo territorio. En cuanto las personas y los grupos sociales logran producir un mayor compromiso con el lugar donde viven también se preocupan por hacer de estos lugares de un mayor compromiso o convivencia", destacó González. En ese punto, enumeró una serie de políticas públicas de inserción en los barrios que pueden contribuir a acrecentar ese sentido de pertenencia y a disminuir los niveles de conflictividad.

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Informe de Juan Federico.