Los síntomas eran inequívocos desde hace tiempo. Ahora, la elevada vulnerabilidad de las finanzas provinciales quedó expuesta por el reconocimiento oficial de que la plata no alcanza para pagar sueldos en los plazos legales. Un anuncio de fuerte carga simbólica en Córdoba. “Así comenzó la caída de Angeloz”, aguijoneó con malicia el sindicalista José Pihen.

El Gobierno provincial advierte que sus márgenes de corrección son mínimos. La recaudación propia está virtualmente estancada, en términos reales, por efecto de la recesión. Los sueldos de los 126 mil agentes públicos se llevan el 72 por ciento de la recaudación de impuestos provinciales y en esas condiciones –sostienen los funcionarios– el gasto público es altamente “inflexible a la baja”.

¿Se actuó con responsabilidad en la ampliación de la planta de personal en los últimos años? ¿El Estado funciona con la austeridad que aconseja la crisis? Los funcionarios parecen más preocupados por las urgencias que por saldar este debate pendiente.

Culpas ajenas

Schiaretti responsabiliza de las penurias fiscales al poder central. Parece otra foto del pasado, pero argumentos no le faltan:

Hay un atraso cercano a los tres meses de aportes del programa de refinanciación de la deuda pública (PAF, por su sigla) y de las partidas destinadas a cubrir una parte del déficit crónico de la Caja de Jubilaciones. En total, 372 millones de pesos, una cifra superior a la nómina salarial de un mes según inventarió el ministro Angel Elettore.

Los impuestos coparticipados a las provincias en julio, descontado el efecto de la inflación, cayeron en julio 10,2%, según el cálculo de la consultora Economía & Regiones, especializada en el seguimiento de las economías del interior.

La emisión del bono provincial por us$ 150 millones –el mecanismo diseñado para tapar el rojo del Tesoro provincial– está trabada porque el Ministro Amado Boudou no autoriza una tasa superior al 12% anual en dólares, que Schiaretti cree necesaria para persuadir a los potenciales inversores.

Schiaretti denunció una y otra vez –también con razón– que la administración K pisaba los giros a la Provincia para sancionar su rebeldía política. Elettore añadió ahora un condimento inquietante: el goteo del PAF se interrumpió para todas las provincias, remarcó.

Mal de muchos

La referencia del funcionario cordobés blanquea también la evidencia de que la crisis fiscal atraviesa, con diferente intensidad, a todas las jurisdicciones. Al menos 15 provincias tienen números en rojo y ocho ya confirmaron –como Córdoba– que no pueden pagar sueldos en término.

La frazada de los recursos públicos deja a la intemperie segmentos cada vez más amplios de la administración nacional.

Es el desenlace previsible del dispendio y el aislamiento financiero internacional de los últimos seis años. El nivel del gasto público en relación al Producto Interno Bruto quebró todas las marcas históricas. Insume el 21 por ciento de la riqueza que genera el país.

Para financiar las erogaciones crecientes, la gestión kirchnerista estiró también al límite la presión tributaria. De cada 100 pesos que produce la economía nacional, 26,50 quedan para el Estado.

Sin embargo la tendencia al desequilibrio se acentuó. En el último año el gasto se expandió a un ritmo del 30 por ciento, mientras los ingresos crecieron un modesto 12 por ciento, en términos nominales.

Por eso el Gobierno aplaza transferencias a las provincias, dilata pagos a proveedores y contratistas, y raspa todas las ollas disponibles para atender los servicios de la deuda y las crecientes obligaciones que asume. El agujero negro de la reestatizada Aerolíneas Argentinas o el oneroso emprendimiento populista del “Fútbol para todos” son dos ejemplos cercanos.

El interior, en el club de los perdedores

La voracidad recaudadora de la Nación avanzó sobre fuentes de ingresos que no comparte con otras jurisdicciones. Las retenciones y la apropiación de los aportes a las AFJP fueron los principales instrumentos de esta escalada.

El interior quedó otra vez en el club de los perdedores. Provincias y municipios recibieron en julio el 25,8 por ciento del total de ingresos públicos, según Economía y Regiones. Muy lejos del piso del 34 por ciento que garantiza la Constitución Nacional y más aún del histórico 40 por ciento de comienzos de los 80.

Las vías de escape al colapso fiscal se estrechan por la falta de crédito genuino. De allí el acercamiento zigzagueante al Fondo Monetario que ensaya Boudou, en busca de las credenciales indispensables para retornar a los mercados voluntarios.

Mientras ello no suceda, la amenaza de los bonos compulsivos, del crédito forzoso que nadie quiere pero todos temen, será cada vez más real.