Desregulación de cuotas en escuelas privadas: el impacto en Córdoba y Santa Fe

La desregulación nacional de aranceles en escuelas privadas anunciada por el gobierno de Javier Milei no altera el panorama en Santa Fe ni en Córdoba: ambas provincias regulan sus cuotas desde hace tres décadas, tras la transferencia educativa de 1995.

En Santa Fe, Analía Macera, directora de Educación Privada, en diálogo con Cadena3 explicó que las casi 900 escuelas privadas se rigen por la ley provincial 6427 y el decreto 2880/65. 

Un 6% no recibe subsidio y puede fijar libremente sus aranceles, pero “no suben tanto porque compiten con el resto y saben que si duplican la cuota pierden matrícula”, advirtió Macera. 

El 94% restante ajusta tras la paritaria docente: se toma el sueldo inicial con 15% de antigüedad y se aplica un tope según el porcentaje de aporte estatal (0% a 100 %). 

“Una vez cerrada la paritaria, ahí sí se mueve la cuota”, resumió la funcionaria.

En Córdoba, Nicolás Bracciaforte, presidente de la Junta de Educación Católica, que representa a 220 instituciones con aporte estatal, en diálogo con Cadena 3 expresó: “Informamos documentación anual; el Estado pone un techo según planta funcional, niveles y prestaciones. Una escuela con subsidio nunca puede cobrar por encima porque incumple la ley”, detalló. 

Las escuelas 100 % privadas (sin dato oficial de porcentaje) también compiten en el mercado y evitan saltos bruscos.

Cálculo práctico en ambas provincias:

- Cierra paritaria docente.

-Se calcula sueldo base + 15 % antigüedad.

-Se aplica coeficiente según % de subsidio (cuanto más aporte, menor margen de aumento).

-Se informa al Ministerio; se aprueba o corrige.

Con inflación estabilizada, los directivos coinciden: “Antes, con saltos del 25 % al 80 % mensual, los cálculos de enero quedaban desfasados en marzo. Hoy se puede programar”, señaló Bracciaforte.

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La desregulación nacional es “un buen antecedente” para el 6 % sin subsidio, pero el 94 % restante seguirá atado a la paritaria y al aporte provincial. 

Informe de Matías Arrieta y Alejandro Bustos