Educación
11/11/2025 | 09:45
Redacción Cadena 3
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El Gobierno derogó la regulación que limitaba aumentos en los colegios privados
El Gobierno nacional derogó el decreto 2.417 de 1993, que regulaba los incrementos en las matrículas y cuotas de los colegios privados y establecía la obligación de comunicar con anticipación los valores correspondientes a cada ciclo lectivo.
La decisión se formalizó este martes mediante el decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y los ministros Manuel Adorni, Sandra Pettovello y Luis Caputo.
El decreto eliminado imponía a los establecimientos privados la obligación de contar con autorización estatal para aplicar aumentos y comunicar antes del 31 de octubre los importes de matrícula y cuotas del año siguiente. Además, quienes incumplieran esas disposiciones podían perder los aportes estatales.
Al justificar la decisión, el Ejecutivo sostuvo que la normativa "presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos privados a las realidades educativas y económicas del país".
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/En el texto oficial se argumentó que el decreto fue dictado "en un contexto normativo distinto al actual", cuando la educación dependía directamente del Gobierno nacional. "Con la transferencia de competencias a las provincias, corresponde adecuar el esquema a la actual distribución de funciones", señaló el documento.
El Gobierno agregó que la estructura de costos del sector "ha variado sustancialmente" y que la intervención estatal "ha generado efectos contraproducentes que afectan el funcionamiento y la viabilidad económica" de los colegios privados.
Según el Ejecutivo, la exigencia de comunicar y autorizar previamente los aumentos limitaba la capacidad de los institutos para responder a la inflación y los costos operativos, lo que derivaba en cuotas más altas desde el inicio del ciclo lectivo "por temor a no poder cubrir gastos sin aprobación estatal".
Finalmente, el texto oficial sostuvo que el régimen derogado "perjudicaba a las familias, que debían afrontar aranceles educativos más elevados", y que su eliminación permitirá mayor flexibilidad en la fijación de precios y una mejor adecuación a la dinámica del mercado educativo.
Informe de Ariel Rodríguez.
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