Sentencia inminente para exsuperintendente escolar de Iowa por fraude migratorio

DES MOINES, Iowa, EE.UU. — Este viernes, el exsuperintendente del mayor distrito escolar de Iowa conocerá su condena por haber afirmado falsamente que era ciudadano estadounidense y por poseer armas de fuego de manera ilegal. Se espera que cumpla su pena antes de ser deportado.

Ian Roberts, originario de Guyana, se declaró culpable en enero de ambos cargos, que suman una pena máxima de 20 años de prisión. Sus defensores piden que se le otorgue libertad condicional para facilitar su expulsión del país, mientras que los fiscales federales sugieren una condena de 37 meses, poco más de tres años.

Los fiscales argumentan que Roberts trabajó sin autorización durante casi toda su carrera de dos décadas en la educación urbana, presentando una tarjeta del Seguro Social falsificada al ser contratado como superintendente del distrito escolar público de Des Moines, que tiene 30.000 estudiantes.

Desde su arresto el 26 de septiembre, el caso ha tenido un gran impacto en el distrito escolar. Una auditoría reveló que el exsuperintendente otorgó contratos a una consultora en la que había trabajado, lo que llevó a una revisión de la política de conflictos de interés del distrito.

Roberts fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) cuando conducía su jeep escolar. Se informó que huyó antes de ser capturado, encontrándose una pistola cargada y 3.000 dólares en efectivo en su vehículo, además de otras tres armas en su hogar.

Los abogados de Roberts han señalado que su vida en EE.UU. ha estado dedicada al servicio público y que no ha representado una amenaza para la seguridad. A pesar de haber intentado regularizar su estatus migratorio tras casarse con una ciudadana estadounidense, se le negó la residencia permanente por no declarar un arresto anterior.

En un escrito judicial, sus defensores expresaron que su error inicial ha afectado gravemente su vida y carrera. Decenas de personas han presentado cartas en su defensa, resaltando su impacto positivo en la comunidad.

Los fiscales, al recomendar una condena de tres años, han calificado su conducta como una tergiversación deliberada de su estatus legal, señalando que obtuvo empleo sin autorización durante años, incluso después de que se le concediera un estatus temporal en 2018.

Roberts ha cultivado una imagen pública de integridad, pero los fiscales argumentan que su comportamiento ha socavado esos valores. La sentencia se espera que se dicte este viernes.