Trump demanda a cuatro estados por negarse a otorgar matrículas encubiertas

WASHINGTON — El gobierno del presidente Donald Trump ha presentado una acción legal contra cuatro estados por su negativa a emitir matrículas encubiertas a agentes federales, un nuevo capítulo en el conflicto entre la administración y los gobiernos estatales de tendencia demócrata en el contexto de la política migratoria del mandatario.

El Departamento de Justicia argumenta, en demandas separadas anunciadas el jueves, que Maine, Massachusetts, Oregon y Washington están imponiendo restricciones inconstitucionales que, según el gobierno, obstaculizan las labores de las fuerzas del orden y comprometen la seguridad de los agentes.

"Al negarse a emitir matrículas encubiertas a componentes del DHS, incluido el ICE, mientras que sí las proporcionan a sus propias agencias estatales, estos gobernadores están promoviendo políticas discriminatorias y obstruccionistas contra las fuerzas del orden federales", declaró el secretario de Justicia interino Todd Blanche en un comunicado, refiriéndose al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

"Estas acciones socavan la aplicación federal de las leyes migratorias, permiten que delincuentes peligrosos eludan la justicia y aterrorizan a las comunidades estadounidenses", añadió Blanche.

Las demandas fueron presentadas el miércoles en tribunales federales de distrito en los respectivos estados. En ellas se acusa a los gobiernos estatales de intentar "obstruir los esfuerzos del Gobierno federal para hacer cumplir las leyes migratorias, aunque el control de la inmigración y de las fronteras del país es una facultad exclusivamente federal".

Además, el Departamento de Justicia sostiene que la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos impide que los gobiernos estatales regulen a las fuerzas del orden federales.

La secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, quien supervisa el programa de matrículas de su estado y es candidata demócrata a gobernadora, expresó su confianza en que sus decisiones se mantendrán en los tribunales. "Lo que el ICE hizo en Maine y sigue haciendo fue aterrorizar a nuestros amigos y vecinos", declaró en una entrevista. "No hay policía secreta en una democracia y siempre defenderemos la seguridad y la libertad de los habitantes de Maine".

Una portavoz de la procuradora general de Massachusetts, Joy Campbell, indicó que los abogados del estado están revisando la demanda y defenderán la política del RMV (Registro de Vehículos Automotores) en la mayor medida posible.

Funcionarios en Washington y Oregon no respondieron a solicitudes de comentarios sobre la acción federal.

Argumentos de riesgo para los agentes federales

El gobierno argumenta que los agentes federales "con frecuencia investigan y detienen a delincuentes violentos, incluidos miembros de cárteles, pandilleros, delincuentes sexuales, traficantes de personas y otros agresores violentos", y sostiene que hacer que esas autoridades sean fácilmente identificables los expone a un mayor acoso y a posibles daños físicos.

Esta demanda surge tras un intercambio de argumentos entre el Departamento de Justicia y algunos funcionarios estatales. Anteriormente, el gobierno había enviado cartas a funcionarios estatales exigiendo justificaciones por sus políticas.

El fiscal general de Maine, Aaron Frey, defendió la política de su estado y cuestionó la afirmación del Departamento de Justicia de que esta ha obstaculizado acciones federales de aplicación de la ley. "En realidad, el programa refleja una decisión de política legítima y constitucional por parte de la secretaria de Estado de no permitir que el gobierno federal se apropie de sus recursos para usarlos en actividades de control migratorio civil que, en Maine y en otros lugares, han dado lugar a múltiples incidentes de conducta abusiva e inconstitucional por parte de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional", escribió Frey.

Bellows había anunciado en enero una pausa en las matrículas confidenciales, tras el aumento de actividades de control migratorio por parte de las autoridades federales. La funcionaria declaró que el estado quería asegurarse de que las matrículas de Maine no se utilizaran para fines ilegales.

En la demanda federal contra Maine, se sostiene que el estado "ha emitido matrículas confidenciales a agencias de seguridad pública durante muchos años" y que "esas matrículas están explícitamente autorizadas por la ley de Maine". La revisión que el estado realizó este año, se argumenta en la demanda, derivó en una regulación estatal ilegal del gobierno federal al exigir que los solicitantes federales de matrículas estatales certificaran que los vehículos federales que obtuvieran matrículas confidenciales no se utilizarían para la aplicación de leyes migratorias civiles.

La demanda también afirma que Maine no impuso requisitos equivalentes a las agencias estatales o locales que solicitaban las matrículas, lo que hace que el programa resulte discriminatorio contra el gobierno federal.

Bellows ha defendido su decisión: "Cuando el ICE pidió matrículas confidenciales, dije que no" porque "la aplicación encubierta de leyes migratorias civiles no es algo que Maine vaya a facilitar".

Similitudes con el uso de máscaras por agentes

Los argumentos del gobierno de Trump sobre las matrículas son similares a su defensa de que los agentes federales se cubran el rostro durante sus despliegues en ciudades estadounidenses. Este tema se convirtió en un punto crítico durante un prolongado cierre del gobierno por la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, cuando los demócratas en el Capitolio exigieron cambios clave en la forma en que se ejecutaban los planes de deportación masiva de Trump tras el uso de agentes enmascarados que causaron la muerte de dos manifestantes en Minnesota.

La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional han mantenido la política de uso de máscaras de la agencia, y ya lograron que un tribunal federal emitiera una orden que bloqueó una ley de California que prohibía a los agentes del orden cubrirse el rostro en el estado.

Además, el gobierno se ha opuesto a las llamadas ciudades santuario, donde las fuerzas del orden locales no colaboran con las autoridades federales en la aplicación de leyes migratorias. Blanche ordenó a la División Civil del Departamento de Justicia que identifique todas las leyes, políticas y prácticas estatales y locales que podrían obstaculizar lo que el gobierno describe como "operaciones federales legales".

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Barrow informó desde Atlanta. Whittle colaboró desde Scarborough, Maine.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.