Familia de relatora de la ONU demanda a Trump por sanciones de EEUU

NACIONES UNIDAS — La familia de la investigadora independiente de la ONU Francesca Albanese ha presentado una demanda contra el gobierno del expresidente Donald Trump debido a las sanciones impuestas el año pasado. Estas sanciones fueron resultado de las críticas de Albanese a las políticas de Israel en el conflicto con Hamás en Gaza, y la familia sostiene que dichas penalizaciones violan la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

La demanda fue interpuesta el miércoles en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, y en ella, el esposo de Albanese y su hija menor describen el impacto significativo que estas sanciones han tenido en su vida cotidiana y en su trabajo, incluyendo restricciones para acceder a su vivienda en la capital.

En el documento legal, se menciona: "La expresión de Francesca de sus opiniones sobre los hechos tal como los ha constatado en el conflicto israelí-palestino y sobre el trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI) es una actividad central protegida por la Primera Enmienda". La CPI ha emitido órdenes de arresto contra funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, por acusaciones de crímenes de guerra.

La demanda plantea la cuestión de si el gobierno puede sancionar a un individuo, afectando su vida y la de sus seres queridos, debido a desacuerdos con sus recomendaciones o temor a su capacidad de persuasión.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido comentarios sobre el caso, y un portavoz del Departamento de Estado se ha negado a opinar sobre litigios en curso.

Francesca Albanese, quien ocupa el cargo de relatora especial de la ONU para Cisjordania y Gaza, es parte de un grupo de 47 expertos seleccionados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Su labor incluye investigar violaciones de derechos humanos en los territorios palestinos y ha sido contundente en sus denuncias sobre lo que ella describe como un "genocidio" perpetrado por Israel contra los palestinos en Gaza.

Las acusaciones de genocidio han sido enérgicamente rechazadas por Israel y Estados Unidos, este último ha denunciado lo que considera una "campaña de guerra política y económica" contra el país por parte de Albanese, lo que llevó a la imposición de sanciones en julio. Estas sanciones se aplicaron tras un intento fallido de presión estadounidense para que la ONU destituyera a Albanese.

Luego de ser sancionada, Albanese comentó en una entrevista que las restricciones le afectarían tanto a nivel personal como profesional, dado que su hija es ciudadana estadounidense y ella posee activos en el país. "Hice todo lo que hice de buena fe y, sabiendo eso, mi compromiso con la justicia es más importante que los intereses personales", declaró.

A pesar de las sanciones, Albanese ha continuado con su labor y ha publicado informes críticos sobre las acciones de Israel, incluyendo uno que señala lo que ella considera una "economía genocida" en los territorios palestinos.

Danny Danon, embajador de Israel ante la ONU, ha criticado a Albanese, afirmando que ha distorsionado el término "genocidio", el cual, según él, debería ser utilizado para defender a las víctimas y no para atacarlas.

Desde el 10 de octubre, los ataques israelíes han interrumpido el acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos. Si bien ha habido avances, como la reapertura del cruce de Rafah, aún no se ha alcanzado un consenso sobre la retirada de Israel de Gaza y el desarme de Hamás.

Aunque los relatores especiales no tienen autoridad formal ni representan a la ONU, sus informes pueden ejercer presión sobre los gobiernos y sus conclusiones son relevantes para fiscales de la CPI y otros organismos que trabajan en justicia transnacional.

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Este despacho fue elaborado con la colaboración del periodista de The Associated Press Michael Kunzelman desde Washington.

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Esta noticia fue traducida del inglés por un editor de AP con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial generativa.