La AGN auditará a ANMAT e INAME por el caso de fentanilo adulterado

Buenos Aires, 26 de marzo (NA) – La Auditoría General de la Nación (AGN) llevará a cabo una auditoría a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y al Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) en el contexto de la causa por el fentanilo contaminado.

En el Edificio Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, se llevó a cabo un taller de planificación participativa en el que participaron familiares de las víctimas del opioide adulterado. Durante el encuentro, se les informó sobre la auditoría programada.

Fuentes relacionadas con la investigación confirmaron que aún no se ha establecido una fecha específica para la auditoría, que busca esclarecer posibles responsabilidades en el caso. La AGN se enfocará en ambas instituciones para determinar su grado de implicación.

Según los informes de la comisión y la investigación judicial a cargo del juez Ernesto Kreplak, se ha evidenciado que "la causa del fentanilo adulterado dejó al descubierto una secuencia crítica de fallas en la detección temprana, controles insuficientes en la producción, antecedentes ignorados y un sistema de trazabilidad y retiro que no logró actuar a tiempo".

A finales de enero, la Justicia Federal envió al Cuerpo Médico Forense un listado completo de las víctimas fatales del opioide adulterado, confirmando un total de 111 fallecidos. La evaluación se realizó durante la Feria Judicial, donde se revisaron 159 casos, de los cuales 48 pacientes sobrevivieron.

En cuanto a la situación judicial, hay 14 personas procesadas y detenidas, entre ellas Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A..

García Furfaro, quien tiene vínculos con la familia Kirchner, es considerado "coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales" por haber causado la muerte de 20 personas, en "concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor".

Se le atribuye haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios en la toma de decisiones relacionadas con la fabricación, distribución y venta del lote 31202 del opioide, que estaba destinado al uso público sanitario, con una orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024.

Las adulteraciones de la sustancia medicinal se llevaron a cabo a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples fallas, según el informe, que detalla que existieron diversas alertas que no fueron atendidas.