La AGN inicia auditoría sobre la ANMAT por el caso de fentanilo contaminado

Buenos Aires, 25 marzo (NA) – La Auditoría General de la Nación (AGN) está en proceso de realizar una auditoría sobre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en relación con la causa del fentanilo contaminado. Este jueves 26 de marzo, se espera que familiares de las víctimas participen en un taller de planificación participativa para definir los próximos pasos a seguir.

Según un comunicado emitido por la AGN, la convocatoria se produce en un contexto crítico: existe una causa judicial en curso que investiga las responsabilidades del estado, incluyendo al Ministerio de Salud, la ANMAT y el INAME, y una comisión investigadora cuyos informes aún no han llevado a respuestas concretas ni a cambios estructurales.

La investigación judicial, liderada por el juez Ernesto Kreplak, ha revelado que la causa del fentanilo adulterado ha expuesto una serie de fallas en la detección temprana y controles inadecuados en la producción, así como antecedentes ignorados y un sistema de trazabilidad que no logró actuar a tiempo.

A finales de enero, la Justicia Federal proporcionó al Cuerpo Médico Forense el listado completo de las víctimas fatales del opioide adulterado, confirmando un total de 111 fallecidos. Durante la Feria Judicial, se evaluaron 159 casos, de los cuales 48 pacientes lograron sobrevivir.

En cuanto a la situación judicial, actualmente hay 14 procesados y detenidos, incluyendo a Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.

García Furfaro, vinculado a la familia Kirchner, es considerado "coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales", con un impacto directo en el fallecimiento de 20 personas, además de estar involucrado en "la adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud".

Se le atribuye haber participado junto a 16 miembros del personal de ambos laboratorios en la toma de decisiones relacionadas con la fabricación, distribución y venta del lote 31202 del opioide, el cual estaba destinado al uso sanitario público.

"Las adulteraciones de la sustancia medicinal fueron resultado de un proceso de fabricación con múltiples fallas, a pesar de que existieron alertas que no fueron atendidas", concluye el comunicado.