Condenaron a los dirigentes de Luz y Fuerza por lavado de activos y defraudación

El Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba dio a conocer este miércoles la sentencia en el juicio contra la cúpula del sindicato de Luz y Fuerza. El exsecretario general del gremio, Gabriel Suárez, fue condenado a seis años de prisión por los delitos de lavado de activos y defraudación, mientras que el actual titular, Jorge Molina Herrera, recibió una pena de cuatro años y seis meses, también por defraudación.

En total fueron juzgados nueve acusados, quienes resultaron absueltos del delito de asociación ilícita, hecho que había sido uno de los ejes principales de la acusación fiscal. Según fuentes judiciales, la absolución por este cargo fue considerada un resultado favorable por las defensas, pese a las condenas impuestas.

Tras la lectura del veredicto, Suárez manifestó sorpresa por la resolución y adelantó que definirá junto a su equipo legal los pasos a seguir. "Analizaremos con los abogados. Sí, la verdad que estoy sorprendido. Seguimos negando los hechos", sostuvo el exdirigente sindical en diálogo con Cadena 3, quien evitó profundizar sobre la sentencia y afirmó que "todo lo resolverán los abogados".

La pena no será de cumplimiento efectivo hasta que la sentencia quede firme. Las defensas anticiparon que apelarán y, eventualmente, llevarán el caso a la Corte Suprema de Justicia. Solo en ese momento podría ordenarse la detención de los condenados.

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La investigación giró en torno al presunto uso indebido de fondos que pertenecían a la caja de jubilados y pensionados del gremio, los cuales habrían sido destinados a maniobras de lavado de activos y defraudación. La fiscalía había señalado un perjuicio económico estimado en 220 millones de pesos, cifra cuya acreditación será analizada una vez se conozcan los fundamentos.

El tribunal informó que la sentencia completa con sus fundamentos será publicada en los próximos 15 días, paso clave para que las partes definan las apelaciones.

Antes del inicio del juicio, los acusados habían ofrecido una reparación económica cercana a los 200 millones de pesos, propuesta que fue rechazada por el tribunal, lo que llevó a la realización del proceso oral que culminó con las condenas pronunciadas este miércoles.

Las defensas sostienen que el juicio continuará en instancias superiores y señalan que la absolución por asociación ilícita constituye un elemento central para cuestionar el fallo.

Informe de Francisco Centeno.