Piden 9 años y medio de prisión para dirigentes y extitulares de Luz y Fuerza

El juicio contra exautoridades del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba ingresó esta semana en una etapa clave. En los tribunales federales de la capital provincial, el fiscal Carlos Casas Nóblega pidió nueve años y medio de prisión para el actual secretario general del gremio, Jorge Molina Herrera, y diez años para el ex titular, Gabriel Suárez. 

Ambos están acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a desviar fondos sindicales y de la obra social, estafar a la propia institución y lavar activos durante casi una década.

Según la acusación, la organización habría funcionado entre 2011 y 2019, período en el que —de acuerdo a la investigación— se desviaron millones de pesos provenientes del fondo compensador para jubilados, del fondo prestacional de salud y de otras cuentas del gremio. Parte de ese dinero debía destinarse a complementar haberes de jubilados que no alcanzaban el 82% móvil y a cubrir prestaciones de salud, pero nunca llegó a los beneficiarios.

La abogada querellante Mabel Sessa, que representa a afiliados, jubilados y pensionados del sindicato, explicó a Cadena 3 que el presunto perjuicio surgió de un esquema de libramiento de cheques, sobrefacturación y triangulación de fondos. 

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Según detalló, se emitían cheques a nombre de proveedores que luego eran endosados a empleados de maestranza o administración, quienes los cobraban y entregaban el dinero a la cúpula sindical. También se habrían utilizado fondos de salud en actividades ajenas a ese destino, como el área de deportes.

Sessa señaló que existen bienes inmuebles, vehículos y viajes que los principales acusados no pudieron justificar, y mencionó especialmente el caso de Molina Herrera, investigado por 13,5 millones de pesos en fichas de casino entre 2011 y 2015. Para la fiscalía, ese movimiento constituye un indicio clave en la imputación por lavado de activos.

La querellante advirtió que, pese a las medidas de inhibición general de bienes y embargos, será difícil recuperar los montos que, según la acusación, fueron sustraídos al sindicato y que nunca se distribuyeron entre los jubilados. También recordó que la propuesta de reparación económica presentada por los imputados —cercana a los 200 millones de pesos— fue rechazada por la justicia y no incluía compensaciones directas para los afiliados afectados.

El juicio, que acumula más de 5.000 fojas, continúa con la expectativa puesta en la sentencia que deberá resolver el tribunal federal. Según Sessa, el pedido del fiscal representa "un período muy riguroso de penas" en una causa que, para las víctimas, expone un perjuicio institucional y económico difícil de revertir.

Entrevista de Miguel Clariá y Francisco Centeno.