Presentan en Córdoba un amparo colectivo por las pensiones que ANDIS dio de baja

La defensora pública de la justicia federal de Córdoba, Mercedes Crespi, presentó un amparo colectivo en respuesta a la suspensión masiva de pensiones por discapacidad otorgadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). 

Crespi detalló las irregularidades detectadas en los procesos de auditoría y subrayó las falencias en la implementación de los controles, sin cuestionar la facultad del Estado de auditar.

"Esto es un amparo colectivo, pero que parte de casos concretos. Empezamos a recibir consultas y a relevar un aumento muy importante de casos, casi de un día para el otro", explicó Crespi a Cadena 3. Según la defensora, al investigar las causas, encontraron "procesos de auditoría que tienen bastantes irregularidades". 

En este sentido, aclaró: "No estamos discutiendo la facultad del Estado de auditar, lo que estamos discutiendo es cómo se está auditando, que no se están haciendo los ajustes razonables al tipo de población que se está relevando".

Crespi enfatizó que el problema radica en la inversión de la presunción de validez de las pensiones otorgadas. "Se ha partido como de la base de que están todas mal otorgadas, cuando en realidad es al revés. Si el propio Estado las otorgó, hay que presumir su validez", afirmó. 

La defensora señaló que muchas personas afectadas enfrentan dificultades para cumplir con los requerimientos de auditoría, especialmente en zonas alejadas de Córdoba. "Hay lugares muy alejados, hay personas que no acceden directamente a un centro de salud más cercano para actualizar todos los informes médicos, porque no tienen ni dinero para llegar hasta un pueblo cercano que tenga un mínimo centro de salud, que capaz que además no tiene la capacidad para producir los informes que se le están pidiendo", detalló.

Otro aspecto crítico mencionado por Crespi es la falta de notificaciones adecuadas. "Hay gente que nunca recibió la citación para ir a un turno específico al centro de salud, hay gente que sí recibió la notificación de la baja, hay gente que no recibió ninguna de las dos cosas y se la suspendieron", indicó.

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Además, señaló que en algunos casos las notificaciones no fueron comprensibles para personas con discapacidades psicosociales o visuales, lo que evidencia la ausencia de "ajustes razonables" en el proceso. "Si uno tiene una persona con cierta discapacidad psicosocial o con ceguera, hay que procurar que la notificación para ir y los medios para ir sean adecuados para esa persona en particular", agregó.

La defensora también destacó un impacto colateral en las familias afectadas. "Hay algunas personas que recibían la AUH [Asignación Universal por Hijo] con la atención por discapacidad. Al suspenderla, se suspendió ese subsidio para el hijo o hija menor de edad, y como está suspendido ni siquiera le permiten dar de alta la AUH", explicó, subrayando que estas suspensiones afectan otros derechos fundamentales.

Crespi remarcó la presunción de legitimidad de los beneficios otorgados. "Si hay sospechas concretas de casos particulares, hay que ir a buscar estos casos y otorgar el debido derecho de defensa", afirmó, en referencia a posibles irregularidades en la emisión de certificados médicos. Sin embargo, insistió en que no se puede generalizar: "No puedo afirmar que todos los certificados dados en la provincia de Córdoba se corresponden con la situación real, pero si hay sospechas, hay que investigar esos casos puntuales".

La defensora abogó por un proceso de auditoría que respete los derechos de los beneficiarios. “Que se restablezcan [las pensiones] en la provincia de Córdoba y luego que implementen los mecanismos de auditoría que quieran, pero que sean conformes a la ley", sostuvo, destacando la importancia del derecho de defensa en los procesos administrativos. 

El amparo, presentado ante el juzgado del doctor Alejandro Sánchez Freytes, aún aguarda una primera respuesta judicial. "La sabiduría popular habla de que no paguen justos por pecadores. Será responsabilidad del auditor encontrar la manera de separar la paja del trigo y que quienes no deban recibir dejen de recibirlo, pero que mientras tanto no se castigue a quienes se están quedando sin estos subsidios casi de supervivencia", concluyó Crespi.

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Entrevista de Miguel Clariá.