Pensiones truchas en Salta: el fraude al Estado es de $4.500 millones mensuales

El fiscal federal de Salta, Carlos Amad, reveló los detalles de una investigación que destapó un escándalo de estafas con pensiones por discapacidad obtenidas de manera fraudulenta en la provincia. Según el fiscal, se trata de un esquema que involucra certificados médicos falsos y que representa un perjuicio al Estado de aproximadamente 4.500 millones de pesos mensuales.

Amad recordó que, el miércoles, se realizaron 17 allanamientos en las localidades de El Quebrachal, Joaquín V. González y Salta capital, con resultados positivos. Durante los operativos, se secuestraron 8 millones de pesos en billetes de baja denominación, cuadernos con anotaciones manuales de personas que pagaban para obtener certificados médicos truchos y diversa documentación. 

"Hemos obtenido bastante documentación. Los allanamientos fueron integrales, acompañados por asistentes sociales de las fuerzas de seguridad que entrevistaron a las personas en clínicas y centros médicos. Los datos son increíbles: aún hoy se siguen pagando por certificados médicos falsos para lograr pensiones por discapacidad o incapacidad laboral", afirmó el fiscal en Cadena 3.

El fiscal destacó que, en la zona de Anta (que incluye Joaquín V. González y El Quebrachal), se utiliza frecuentemente el mal de Chagas como justificación para certificados de incapacidad laboral, a pesar de que "todo el mundo sabe que no provoca incapacidad en casi nada". 

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Amad señaló que médicos, tanto de hospitales públicos como privados, están involucrados en la emisión de estos certificados falsos, algunos de los cuales eran "tarifados" según el tipo de discapacidad, como diabetes.

La investigación en Salta aún no tiene imputados, ya que, según Amad, el Código Procesal Penal Federal permite realizar una recolección exhaustiva de pruebas antes de formular acusaciones. "Hicimos copias de seguridad de computadoras y celulares secuestrados. Esto nos llevará un tiempo, pero una vez que analicemos toda la información, seguramente habrá imputados y varios", explicó. 

El fiscal estimó que en Salta existen unas 20.000 pensiones truchas, lo que agrava la situación, especialmente porque "hay familias con personas discapacitadas que no acceden a los beneficios que les corresponden" mientras los recursos se desvían en estas maniobras.

Amad también hizo referencia a una investigación previa en Taco Pozo, Chaco, donde se identificó un caso similar que está a punto de ser elevado a juicio, con 10 personas imputadas, incluyendo el intendente, abogados y médicos. El nexo entre ambos casos es un médico de Joaquín V. González que firmaba certificados falsos para beneficiarios de Salta y Chaco.

Sobre los beneficiarios de estas pensiones fraudulentas, Amad señaló que hay casos diversos: "En Taco Pozo, muchas personas son extremadamente vulnerables, viven en el campo, con poca instrucción, y fueron a buscar una ayuda económica o un bolsón de comida y terminaron con una pensión de por vida, sin saber realmente lo que cobraban. Pero también hay inescrupulosos que a sabiendas participaron". En Salta, tras el cambio de administración, muchas personas renunciaron a estos beneficios de manera inmediata.

El fiscal espera un informe de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) para avanzar en la elevación a juicio de la causa de Taco Pozo, mientras continúa la investigación en Salta para identificar a los responsables de este fraude masivo que afecta los fondos destinados a las personas con discapacidad.

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Entrevista de Miguel Clariá.