Investigan en Salta el otorgamiento de 22.000 pensiones por discapacidad truchas

El fiscal federal Carlos Amad confirmó que se investiga una presunta asociación ilícita vinculada al otorgamiento y cobro irregular de unas 22.000 pensiones, cifra que podría ser mayor. 

Este miércoles, se llevaron a cabo 17 allanamientos en las localidades de Joaquín V. González, El Quebrachal, algunos domicilios en Salta capital y en el departamento de Anta.

Según Amad, el esquema involucraría a empleados administrativos, médicos, bioquímicos y agentes de organismos que habrían otorgado pensiones de manera fraudulenta. "Son truchas", afirmó el fiscal, quien no descartó la posible participación de autoridades locales, aunque evitó dar detalles específicos sobre la investigación. 

Citó un caso previo en Taco Pozo, Chaco, donde un intendente formaba parte de una trama similar, y señaló que no descarta que esta red sea "mucho más grande de lo que aparenta".

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El fiscal indicó que las redes podrían operar de manera individual por ubicación geográfica, aunque destacó la cercanía entre Joaquín V. González y El Quebrachal, ubicadas a 30 kilómetros de distancia. Además, mencionó que un médico involucrado en la confección de certificados médicos (EMO) en Taco Pozo también aparece en esta investigación en Joaquín V. González.

Amad detalló que su equipo analizará la documentación y los dispositivos electrónicos incautados durante los allanamientos para determinar la responsabilidad de los involucrados. "Vamos a estudiar todos y cada uno de los elementos que se han encontrado", afirmó. El fiscal espera que la audiencia de formalización de la investigación e imputación de cargos se realice antes de fin de año.

La investigación continuará con el análisis de la información recolectada, que incluye datos extraídos de computadoras y teléfonos celulares, para esclarecer el alcance de esta presunta red de pensiones fraudulentas.

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Informe de Elisa Zamora.