La abogada de Rocío Gómez denunciará al Patronato del Liberado y al juez de Ejecución penal

En la secuela de uno de los femicidios más impactantes de la reciente secuencia de violencia de género en Córdoba, la abogada de la familia de Rocío Gómez salió al cruce con una decisión contundente: va a presentar una denuncia penal formal contra el Patronato del Liberado y el juez de Ejecución penal.

Daniela Morales no habla de errores aislados. Habla de un sistema que, según ella, dio demasiadas oportunidades a un hombre que no debería haber estado en libertad.

“No estamos frente a errores aislados”

En diálogo con Cadena 3, Morales fue clara y directa: “No estamos frente a errores aislados, sino a señales reiteradas de un sistema que da demasiadas oportunidades. Y cuando la justicia llega tarde en materia de violencia de género, el costo se mide en vidas.”

El acusado del femicidio de Rocío —quien cumplía una condena bajo modalidad de ejecución condicional— Maximiliano Baudracco estaba bajo el control dual del Patronato del Liberado y del Juzgado de Ejecución Penal a cargo del juez Moyano Centeno. El propio abogado defensor del imputado reconoció públicamente que ese hombre no podía estar en libertad.

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Ayer, el ministro de Justicia de Córdoba, Julián López, ordenó una investigación administrativa interna para verificar si fallaron las comunicaciones y los informes que el Patronato debía remitir al juez. Se habla de tres reportes: febrero, marzo y uno final.

El informe del día después

Ahí aparece el punto más grave que señala la abogada. Según datos oficiales a los que tuvo acceso, el último informe del Patronato fue recibido por el juez el 20 de julio a las 15:30, un día feriado y horas después del femicidio.

Morales no se guardó las palabras al referirse a las declaraciones públicas de la directora del Patronato, quien afirmó haber presentado “todo tipo de informes” y haber dado las señales de alerta:

“Descaradamente dio una entrevista diciendo que habían realizado todo tipo de presentaciones y que fue el juez de ejecución quien hizo caso omiso, siendo de público conocimiento que realizaron un informe horas después del femicidio.

Era una desfachatez, una burla, porque le mintió todo, le mintió todo en la cara.”

La abogada enfatizó que ambos organismos tenían deberes concretos: el juez de ejecución debía controlar periódicamente el cumplimiento de las condiciones de la libertad condicional, y el Patronato debía informar de manera regular. Ninguno, según su planteo, cumplió de forma efectiva.

La denuncia penal que se viene

Morales anunció que la familia no se quedará solo con el sumario administrativo ni con los eventuales pedidos de jury:

“Vamos a solicitar que se investigue, vamos a hacer una presentación formal de una denuncia penal (…) para que el fuero penal investigue la posible comisión de delitos contra la Administración Pública.”

La denuncia apuntará tanto al Patronato como al juez de ejecución. El Ministerio Público Fiscal deberá calificar los hechos, pero la abogada ya anticipó el eje: posible omisión de los deberes de funcionarios públicos.

También pedirá que se preserve el legajo completo y se investigue la trazabilidad integral del circuito de control.

Más allá de la tragedia individual

Para Morales, lo que está en juego no es solo la justicia por Rocío Gómez. Es la confianza en un sistema que, cuando falla en el control de agresores ya condenados y bajo tutela judicial, deja a las víctimas sin la protección mínima que debería garantizar.

“Tienen que dar explicaciones. Independientemente de que se trate de un delito contra la Administración Pública, hay una trazabilidad… y tuvo una consecuencia, que es la muerte”, cerró.

Entrevista de Radioinforme 3.