Cruces entre la Provincia y el Tribunal de Cuentas por la compra de drones

El Gobierno de Córdoba y el Tribunal de Cuentas protagonizaron un fuerte cruce por una licitación destinada a la incorporación de tecnología para seguridad, cuestionada por el organismo de control y defendida por el Ejecutivo provincial, en el marco de una conferencia de prensa encabezada por los ministros Miguel Siciliano y Juan Pablo Quinteros.

Durante el encuentro, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, sostuvo que el rechazo del Tribunal de Cuentas a la licitación por unos 7 millones de dólares responde a una "posición política" de sectores de la oposición. En ese sentido, afirmó que una cosa es el control administrativo y otra "la obstrucción a la acción de gobierno", y remarcó que el organismo de control no puede opinar sobre la conveniencia de las políticas públicas.

Según Siciliano, el Tribunal de Cuentas puede realizar observaciones administrativas, pero no definir si una compra o una obra es oportuna. En ese marco, aseguró que existen antecedentes de demoras y bloqueos a obras de infraestructura, urbanización de barrios sociales y proyectos viales, y defendió la compra de drones como una herramienta clave para combatir el delito y controlar el ingreso de elementos prohibidos a las cárceles.

Desde el Tribunal de Cuentas, su presidente Beltrán Corvalán explicó a Cadena 3 los motivos del rechazo a la licitación. Señaló que el proceso fue diseñado de manera tal que favorecía a un único oferente, lo que contraviene la ley de contrataciones públicas, que exige promover la libre concurrencia. Detalló que en un solo renglón se incluyeron 29 ítems distintos, que iban desde drones y software hasta consultorías, cursos y equipamiento complementario.

Corvalán indicó que ese esquema derivó en un solo proveedor adjudicatario por un monto cercano a los 7 millones de dólares, más de 10 mil millones de pesos, y sostuvo que la recomendación del organismo fue dividir la compra en varias licitaciones para permitir la participación de múltiples oferentes y evitar el encarecimiento de los precios.

El titular del Tribunal de Cuentas aseguró que el organismo acompaña las políticas de seguridad, pero rechazó lo que definió como "trajes a medida" y prácticas que favorecen a determinadas empresas. En ese sentido, afirmó que el rechazo apunta a garantizar transparencia y advirtió que no convalidarán procesos que, a su entender, pueden derivar en hechos de corrupción.

Informe de Emanuel Manitta.