Córdoba amplía el Complejo Esperanza ante la baja de la edad de imputabilidad

El Gobierno de Córdoba comenzó la construcción de los nuevos módulos "Papa Francisco" en el Complejo Esperanza, con un presupuesto de $18.000 millones.

Lo confirmó a Cadena 3 la titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), Julia Reartes, al explicar cómo se prepara la provincia para aplicar el nuevo régimen penal juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.

La funcionaria precisó que el procedimiento de licitación se inició el año pasado y destacó que la obra busca transformar las condiciones de alojamiento y atención de los adolescentes en conflicto con la ley penal.

"No solamente significan más estructura y más espacios, sino que radicalmente cambia el paradigma, muchas veces carcelario, en que se construyen estos institutos", sostuvo sobre los nuevos módulos.

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Reartes valoró la decisión del Gobierno provincial de destinar recursos a un abordaje integral de la problemática. En ese sentido, remarcó que la intervención también incluye la formación de los adolescentes.

Ante la consulta sobre las condiciones de salud, educación y reinserción, relató que participó de una entrega de 191 certificados a jóvenes que completaron actividades de capacitación durante el primer semestre. Según explicó, el complejo ofrece más de 15 cursos y talleres de oficios junto con la Secretaría de Promoción del Empleo.

"Fue muy motivante para mí como secretaria a cargo de esta área", expresó sobre la actividad, durante la cual también pudo observar el movimiento de máquinas en el predio donde se desarrollan las obras.

En el plano legislativo, la Unicameral aprobó el miércoles la adecuación de la ley 11.035 al nuevo régimen nacional, que comenzará a regir este sábado 5 de septiembre.

Reartes destacó el consenso alcanzado durante ese proceso y la participación de los distintos sectores involucrados en su aplicación.

"Lo primero a rescatar de este proceso fue la enorme participación de todos los operadores del sistema que tenemos responsabilidades en la aplicación de esta ley", señaló.

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Detalló que intervinieron jueces, fiscales, defensores, universidades, organizaciones de la sociedad civil y legisladores. Añadió que, junto con Liliana Montero, coordinó el espacio de trabajo previsto en la normativa provincial.

Según explicó, la experiencia del primer año de aplicación del Código Procesal Penal Juvenil permitió revisar y mejorar procedimientos. Consideró que el resultado fue una ley "rigurosa", que recuperó herramientas que Córdoba ya venía utilizando.

Respecto de los recursos humanos, indicó que el acuerdo legislativo incorporó un artículo para contemplar las necesidades del sistema en la previsión presupuestaria de este año. Además, señaló que la Senaf trabaja en determinar dónde será necesario reforzar los equipos.

"Ya estamos trabajando junto con Liliana Montero en identificar cuáles son las áreas que van a requerir de la incorporación de más profesionales", afirmó.

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Entrevista de Miguel Clariá.