Imputabilidad a los 14 años: qué cambia desde este sábado con el nuevo Régimen Penal Juvenil

El nuevo Régimen Penal Juvenil entrará en vigencia este sábado 5 de septiembre y bajará de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. La reforma permitirá juzgar penalmente a adolescentes que hasta ahora estaban por debajo de ese límite, de acuerdo con la Ley 27.801.

En diálogo con Cadena 3, el abogado penalista y exjuez Eduardo Gerome respaldó el cambio, aunque advirtió que su aplicación dependerá de la intervención del Estado nacional, las provincias y los magistrados. También aclaró que la posibilidad de imponer una sanción no implica que todos los adolescentes acusados de un delito deban ir presos.

"¿Esto significa que hay que meterlos presos? No necesariamente, porque hay una graduación de las penas", explicó. Señaló que el régimen contempla respuestas distintas según la gravedad del hecho y mencionó los homicidios y las violaciones entre los delitos que pueden derivar en penas de prisión.

Para los casos de menor gravedad, destacó las medidas socioeducativas y las tareas comunitarias. Como ejemplos, mencionó la asistencia a cursos o la realización de trabajos en una escuela, con el objetivo de que el adolescente comprenda las consecuencias de sus actos y cumpla una sanción.

Gerome remarcó que quienes deban permanecer detenidos tendrán que ser alojados en establecimientos adecuados y separados de los adultos. La normativa, además, prohíbe la prisión perpetua para los adolescentes alcanzados por el régimen y fija un máximo de 15 años para las penas privativas de la libertad.

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Uno de los puntos sobre los que más insistió fue el seguimiento efectivo de las medidas. "Si no hay control, obviamente no va a servir para nada", advirtió. Según planteó, una sanción puede perder su efecto si el adolescente comienza a cumplirla y luego la abandona sin una respuesta de las autoridades.

"Es necesario que en la ejecución de estas sanciones realmente haya una intervención tanto del Estado nacional como de las provincias", sostuvo.

Consultado sobre la disponibilidad de lugares de alojamiento, se mostró poco optimista respecto de la preparación de las jurisdicciones. Sin embargo, consideró que esas dificultades no debían impedir la puesta en marcha de la reforma: "Es necesario que se empiece a hacer, si no, no se hubiera empezado a hacer nunca".

El exjuez subrayó que la infraestructura debe estar acompañada por programas de educación y reinserción. A su entender, el trabajo con adolescentes ofrece posibilidades de modificar conductas y alejarlos de entornos delictivos y del consumo de drogas.

Ante una consulta sobre el posible aumento de causas y la capacidad de los juzgados juveniles, aclaró que no contaba con información fidedigna sobre la situación en todo el país, incluida Córdoba. Por eso, no confirmó que el sistema estuviera preparado para absorber la nueva demanda.

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Como respuesta a una eventual sobrecarga, propuso crear más juzgados para distribuir los expedientes entre un mayor número de jueces. Sostuvo que lo deseable habría sido anticiparse a esos problemas, aunque reclamó que se encuentren soluciones si aparecen durante la implementación.

Gerome también puso el foco en la actuación de los magistrados. Cuestionó lo que describió como un "falso garantismo" y reclamó sanciones para quienes incumplan sus funciones. "A partir de ahora los jueces no se van a poder lavar las manos", afirmó.

Al referirse a un eventual robo con arma de fuego, lo consideró un hecho grave y pidió una respuesta judicial acorde. La detención durante el proceso, sin embargo, requiere una decisión fundada en riesgos procesales comprobados, conforme a las garantías establecidas en la nueva normativa.

El abogado insistió en que la protección de las víctimas debe ocupar un lugar central, junto con el derecho del acusado a un juicio legal y justo. "La víctima no eligió ser víctima", expresó.

Finalmente, sostuvo que la intervención temprana también puede proteger a los propios adolescentes y evitar que consoliden una trayectoria delictiva. "Poder sacarlos del delito ya es protegerlos", afirmó.

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Entrevista de Rodolfo Barili y Juan Federico.