Avanza en Córdoba el proyecto de "Ley Joaquín": los pedidos de la oposición

La Legislatura de Córdoba retomó esta semana el debate por la denominada "Ley Joaquín". El proyecto, que busca establecer un régimen de protección integral para las víctimas de delitos, cuenta con el impulso del oficialismo y los aportes de diversos bloques opositores. La discusión cobró un nuevo impulso tras la visita de la familia de Joaquín Sperani, el adolescente asesinado por un compañero en Laboulaye, en junio de 2023.

En diálogo con Cadena 3, la legisladora radical Brenda Austin destacó la relevancia de este avance legislativo, aunque remarcó la demora de la provincia en abordar la temática. "Celebramos que el gobierno de Córdoba decida hoy, nueve años después de la ley de víctimas nacional, abordar un tema que es necesario, que es complejo y que es pensar cómo resguardar los derechos de la parte que fue afectada en un delito", afirmó.

Uno de los ejes centrales del reclamo opositor es la necesidad de que la ley no sea un mero enunciado de principios, sino una herramienta procesal efectiva. Austin insistió en que las víctimas deben tener el derecho a participar activamente en decisiones críticas. "Nos parece que es clave allí el derecho de la víctima a conocer, a ser debidamente notificada en cada uno de los actos procesales, sobre todo aquellos que terminen con la libertad del imputado", explicó.

La legisladora advirtió que para que la ley sea representativa de la tragedia que le dio origen, debe alcanzar al fuero de menores. Según su visión, si no se modifica el régimen penal juvenil de Córdoba, la normativa nacería con falencias graves. "Si no, va a llevar el nombre de Joaquín, pero va a ser una ley muy débil para aplicar en los casos donde los autores de estos delitos son menores de edad", sentenció.

Otro de los puntos de discordia y debate es la incorporación de un capítulo específico para casos de violencia institucional. Austin mencionó tragedias recientes de la provincia como referentes de la necesidad de este resguardo especial. "Hay un conjunto de garantías cuando la relación es asimétrica, cuando el que es imputado tiene demasiado poder y puede obstaculizar el proceso", señaló al referirse a situaciones donde el Estado o funcionarios públicos están involucrados.

El debate técnico implica una reforma directa al Código Procesal Penal de la provincia, competencia exclusiva de la Unicameral. En este sentido, Austin subrayó la importancia de que el texto final sea un consenso de todos los sectores y no una iniciativa unilateral del oficialismo. 

Finalmente, la legisladora se mostró optimista respecto a la posibilidad de lograr un despacho conjunto en las próximas semanas. "Esperamos que el oficialismo recepte estos cambios y que efectivamente Córdoba pueda tener una ley de víctimas que sea verdaderamente de vanguardia y que proteja a la parte que ya sufrió el peor resultado", concluyó.

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Entrevista de "Radioinforme 3".