Etapa decisiva en la licitación de la Hidrovía, con alerta por "irregularidades"

La licitación de la Vía Navegable Troncal —la estratégica Hidrovía por donde circula cerca del 80% del comercio exterior argentino— ingresará esta semana en una etapa decisiva con la apertura de las ofertas económicas de las empresas precalificadas. Pero mientras el Gobierno nacional busca mostrar el proceso como una señal de previsibilidad y modernización logística, las dudas sobre la transparencia de la compulsa comenzaron a escalar desde distintos sectores políticos y judiciales.

El próximo 19 de mayo la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) abrirá los sobres económicos de las compañías que superaron la evaluación técnica para quedarse con el contrato de dragado, redragado, señalización y mantenimiento de la principal ruta fluvial del país. La definición no es menor: el futuro esquema de concesión contempla inversiones estimadas en más de 10 mil millones de dólares y definirá buena parte de la competitividad exportadora argentina durante las próximas décadas.

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El proceso es seguido con atención por terminales portuarias, industrias, navieras y exportadores. El corredor fluvial no sólo conecta al país con el comercio internacional: estructura buena parte de la economía regional y del ingreso de divisas nacionales.

El Gobierno logró avanzar en la etapa técnica con dos firmas europeas en carrera: Jan De Nul NV y DEME. Según la resolución oficial publicada esta semana, la primera obtuvo una mejor puntuación técnica y quedó posicionada al frente del orden de mérito previo a la apertura económica.

Sin embargo, detrás del avance administrativo comenzaron a reaparecer cuestionamientos que ya habían rodeado intentos anteriores de concesión de la Hidrovía. Y esta vez, las observaciones encontraron eco institucional en un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dependiente del Ministerio Público Fiscal.

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El documento advirtió sobre “serias y evidentes irregularidades” en el procedimiento licitatorio y puso el foco en aspectos sensibles del proceso. Entre ellos, la enorme cantidad de documentación técnica puesta a disposición durante la audiencia pública en plazos considerados insuficientes para garantizar una participación efectiva de especialistas, empresas y actores sociales.

La PIA también observó cláusulas vinculadas a posibles cesiones del contrato, restricciones para impugnar el proceso y limitaciones para la participación de empresas mediante Uniones Transitorias (UTE), aspectos que podrían afectar la competencia y la transparencia de la licitación.

Sobrevolando nuevamente aparece una palabra incómoda para cualquier proceso de esta magnitud: direccionamiento. El dictamen retomó objeciones planteadas en licitaciones anteriores y cuestionó además la falta de un procedimiento integral de evaluación de impacto ambiental con intervención de la autoridad nacional competente.

Las observaciones judiciales rápidamente encontraron eco político. El diputado nacional Jorge Taiana presentó en las últimas horas un proyecto para rechazar la licitación y reclamar la suspensión inmediata del proceso hasta tanto se revisen las irregularidades señaladas por la Fiscalía Anticorrupción.

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“Estamos ante un proceso plagado de irregularidades y observaciones de enorme gravedad institucional”, sostuvo el legislador, quien pidió garantizar “un procedimiento transparente, competitivo y ajustado a la ley”.

El planteo ocurre en un contexto donde el oficialismo intenta mostrar respaldo empresario al esquema licitatorio. Entidades como la Bolsa de Comercio de Rosario, Ciara, la Unión Industrial Argentina, cámaras navieras y sectores portuarios acompañaron públicamente el avance de la compulsa, destacando la necesidad de obras de profundización y modernización para reducir costos logísticos y sostener competitividad.

Pero aun con ese respaldo sectorial, las advertencias de la PIA introducen un elemento de tensión política y judicial que amenaza con proyectarse sobre la etapa final del proceso.

En Rosario, donde la Hidrovía no es una abstracción técnica sino el pulso cotidiano de puertos, barcazas, exportaciones y divisas, la discusión excede largamente una licitación. Lo que está en juego es quién administrará durante los próximos años la principal autopista fluvial de la Argentina y bajo qué condiciones de control, transparencia y planificación estratégica.