ARCA denunció otra vez a la AFA por facturas apócrifas por $375 millones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo a cargo de Andrés Vázquez, presentó una nueva denuncia judicial contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta utilización de facturas apócrifas y movimientos de fondos que no contaban con la documentación respaldatoria correspondiente, informaron fuentes oficiales.

La denuncia, radicada ante la Justicia federal, se originó a partir de tareas de fiscalización y análisis contable realizadas por ARCA sobre operaciones de la AFA durante el periodo marzo 2023–junio 2025, donde se detectaron salidas de dinero sin la debida documentación. El organismo sostiene que estas maniobras podrían haber buscado ocultar el destino real de los fondos y vulnerar los mecanismos de control fiscal vigentes.

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Según estimaciones preliminares del propio organismo, el perjuicio fiscal observado supera los 375 millones de pesos, aunque podría ampliarse conforme avance la investigación. Las autoridades recalcaron que se trata de una denuncia nueva y no una ampliación de causas anteriores contra la entidad deportiva.

La presentación judicial se da en paralelo a otros procesos administrativos que enfrenta la AFA, como un requerimiento de la Inspección General de Justicia (IGJ) que intimó a la entidad a presentar balances y documentación de ejercicios previos. Aunque por ahora se descartó la designación de veedores, fuentes oficiales señalaron que la posibilidad sigue siendo evaluada de acuerdo con los resultados del análisis técnico de los papeles entregados.

ARCA ya había realizado denuncias previas contra la AFA por posibles irregularidades tributarias y previsionales por montos mucho mayores, que en su momento superaban los 19.000 millones de pesos.

El expediente continúa su trámite en sede federal, donde se buscará determinar si las maniobras denunciadas constituyen delitos penales tributarios o fiscales conforme a la legislación vigente. De confirmarse las irregularidades, las autoridades podrían aplicar sanciones y ampliar las investigaciones a otras operaciones y proveedores.