Política esquina Economía
19/02/2026 | 14:17
Redacción Cadena 3
Adrián Simioni
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La industria del juicio no existe, pero habla
"La industria del juicio no existe", dicen. Y sin embargo habla. Y cuando habla, lo hace para defender exactamente los resortes que la reforma laboral intenta tocar.
En los últimos días, a propósito del debate parlamentario, aparecieron voces preocupadas por algunos artículos que no ocuparon el centro de la escena, pero que apuntan directamente al corazón del negocio judicial laboral. Uno de ellos es el de Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal, quien advirtió que la reforma afecta patrimonialmente a los abogados.
¿De qué se trata? De tres cambios concretos.
Primero, el límite del 25% del monto de la sentencia para honorarios de peritos y abogados. No es un detalle menor. En muchos casos, una parte sustancial de la indemnización terminaba en honorarios. El trabajador asumía el riesgo —"a ver si sale"— y, si salía, el reparto favorecía más a la maquinaria del litigio que al damnificado.
Segundo, la posibilidad de que indemnizaciones e intereses se paguen en cuotas. Eso implica que también los honorarios, que suelen calcularse como porcentaje de la sentencia, se cobren en cuotas. Otra vez, se afecta el flujo inmediato de un sistema que vivía de montos inflados y pagos concentrados.
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/Fin Código Embebido/Tercero —y tal vez más sensible— el cambio en la figura de la "pluspetición inexcusable". En términos sencillos: si un abogado presenta una demanda desmesurada, exagerada, y el juez considera que hubo abuso, el profesional deberá afrontar los costos del juicio. Es un incentivo claro para desalentar pedidos desproporcionados que luego, en la práctica, muchas veces se negocian a la baja.
Si la industria del juicio no existe, ¿por qué tanta incomodidad?
A la discusión se sumó la jueza laboral del fuero nacional con asiento en la Capital Federal, María Elena López, quien sostuvo que la industria del juicio es un "verso" y que todo lo que hacen los jueces está basado en normas legales. Es cierto. Justamente de eso se trata la reforma: de modificar normas que muchos consideran desactualizadas o distorsivas.
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/Fin Código Embebido/El punto no es si los fallos se dictan conforme a la ley vigente. El punto es si esa ley genera incentivos razonables o si, por el contrario, estimula la litigiosidad como modelo de negocios.
Los números son elocuentes. Entre 2023 y 2025, las demandas laborales por accidentes de trabajo se multiplicaron por 44. No, la población argentina no creció 44 veces. Tampoco los accidentes, que han disminuido con el sistema de ART. Sin embargo, los juicios se dispararon. La explicación oficial suele centrarse en la cantidad de sentencias definitivas, pero muchas causas ni siquiera llegan a esa instancia: se negocian antes, o no se apelan porque el resultado es previsible.
Hay otro dato revelador. En la Capital Federal existen 80 juzgados laborales del fuero nacional y 10 de la Ciudad. En total, 90 tribunales laborales para un distrito de 3,5 millones de habitantes. En todo Chile, con más de 20 millones de personas, hay 81 juzgados laborales. Aun así, desde el fuero nacional se argumenta que “no dan abasto”.
Si no hay industria del juicio, al menos hay una industria de litigiosidad difícil de ignorar.
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/Fin Código Embebido/El trasfondo es también institucional. Desde la reforma constitucional de 1994, la justicia laboral nacional en la Capital debería haberse transferido a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, como ocurre en cualquier provincia. Treinta años después, el proceso sigue trabado. No es un secreto que ese fuero ha sido históricamente un espacio de fuerte influencia política y corporativa.
Nada de esto implica negar derechos laborales ni relativizar abusos empresariales. El derecho del trabajo cumple una función protectoria esencial. Pero una cosa es proteger al trabajador y otra muy distinta es consolidar un sistema que incentiva la sobredemanda, encarece la contratación y desalienta el empleo formal.
Tal vez la industria del juicio no exista como etiqueta. Pero cuando cada intento de limitar honorarios, racionalizar reclamos o introducir responsabilidades genera una reacción corporativa inmediata, cuesta sostener que todo es una fantasía.
No existe, dicen. Pero cuando se la roza, responde. Y con fuerza.
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